El juez federal argentino Ariel Lijo dispuso la declaración indagatoria y la captura internacional del dictador nicaragüense Daniel Ortega y de su vicepresidente y esposa, Rosario Murillo, acusados de estar implicados en graves violaciones a los derechos humanos.
La medida también involucra a otros altos cargos del régimen de Nicaragua, en el marco de una causa presentada en Argentina bajo el principio de jurisdicción universal.
La denuncia, encabezada por el abogado Darío Richarte junto a un equipo de profesores y estudiantes de la Universidad de Buenos Aires, fue interpuesta el 26 de agosto de 2022.
Según consta en el expediente, Ortega, Murillo y otros integrantes de su gobierno enfrentan acusaciones por crímenes de lesa humanidad, incluyendo asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, persecución política y desplazamientos forzados.
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Richarte calificó el fallo judicial como un «hecho histórico» y subrayó que «marca un antes y un después en materia de justicia universal«. Según sus declaraciones, el caso fue preparado durante más de dos años, recopilando testimonios de víctimas, documentos y evidencia con la colaboración de organismos internacionales.
«Este fallo no es el final, pero sí un paso crucial para visibilizar la situación en Nicaragua y avanzar hacia la justicia para las víctimas«, señaló.
La denuncia inicial detalla violaciones sistemáticas de derechos humanos perpetradas bajo el régimen de Ortega y Murillo desde abril de 2018, entre ellas la represión de manifestaciones pacíficas, el encarcelamiento de opositores políticos y la persecución de sectores vulnerables.
En etapas posteriores, entre noviembre de 2022 y febrero de 2024, el equipo denunciante presentó siete ampliaciones que reforzaron la demanda.
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El fallo
La capacidad de la justicia argentina para intervenir en este caso se basa en el principio de jurisdicción universal, que permite a los tribunales del país juzgar delitos graves como los crímenes de lesa humanidad, sin importar el lugar donde se hayan cometido. Esta postura fue respaldada por el fiscal Eduardo Taiano y ratificada por el juez Lijo.
El fallo también se fundamenta en testimonios directos de víctimas, presentados bajo estricta reserva de identidad, junto con informes de organismos internacionales y publicaciones de medios de comunicación que respaldan las violaciones denunciadas.
La resolución dictada por el juez Lijo establece un precedente en el ámbito de la justicia penal internacional y fortalece la visibilización global de la crisis en Nicaragua. Según Darío Richarte, este fallo «busca aislar a los dictadores y comprometer a la comunidad internacional, especialmente a los países de América, en la defensa de la democracia«.
El pedido de captura internacional contra Daniel Ortega y Rosario Murillo supone un desafío diplomático significativo para el régimen nicaragüense, incrementando la presión sobre los organismos multilaterales y los gobiernos de la región para que adopten medidas concretas en respuesta a las acusaciones.
La causa permanece en curso, y los denunciantes confían en que este fallo no solo impulse el camino hacia la justicia para las víctimas, sino que también contribuya a la recuperación de la democracia en Nicaragua.