El Sindicato de Prensa de Rosario (SPR) expresó su «enorme preocupación» por lo que consideraron como una «limitación al trabajo periodístico» ocurrida durante la tarde del miércoles en una audiencia imputativa realizada en el Centro de Justicia Penal (CJP) en la que al menos dos periodistas no pudieron cubrir el trámite ya que les exigieron la entrega de sus teléfonos celulares al personal de seguridad.
El gremio de los periodistas rosarinos emitió un comunicado en el que describió lo sucedido en la audiencia, en la cual una mujer fue imputada por el asesinato de su pareja en un departamento de Alvear al 1500. En ese marco las periodistas las periodistas María Laura Cicerchia, del diario La Capital, y Almudena Munera, de Televisión Litoral, fueron anoticiadas por la Policía que trabaja en el lugar que debían entregar sus teléfonos celulares si querían permanecer en la sala.
Las periodistas se negaron al requerimiento de la jueza Lorena Aronne, ya que «se trata de dispositivos personales en los que se guarda información privada». Por ello, señalaron desde el gremio, «tuvieron la convicción de ser violentadas en sus derechos» y se retiraron sin hacer la cobertura.
El sindicato advirtió que le comunicó al secretario de la Corte Suprema de Justicia Carlos Crespo el malestar que provocó la decisión de la jueza, y recordó que años atrás «se trabajó, junto a magistrados y al área de Prensa de la misma CSJ, en un protocolo para las coberturas en el proceso oral y público, protocolo que en esta ocasión se violentó o se ignoró«. La inquietud también fue comunicada a la coordinadora del Colegio de Magistrados, Silvia Castelli.
El comunicado
«El SPR —sostiene el texto— expresa su enorme preocupación por la limitación al trabajo periodístico ocurrida el miércoles en el Centro de Justicia Penal cuando las periodistas María Laura Cicerchia, del diario La Capital, y Almudena Munera, de Televisión Litoral, concurrieron a realizar la cobertura de una audiencia imputativa por un hecho que se produjo una semana atrás y en el que resultó muerto un hombre en Alvear al 1500. Allí una de ellas fue informada por la Policía que cumple funciones en el Centro, que no podía utilizar su computadora y, minutos después, ambas trabajadoras de prensa recibieron la comunicación de que debían entregar sus teléfonos celulares si querían permanecer en la sala».
«Las periodistas manifestaron su total negativa al insólito requerimiento de la jueza Aronne: se trató de sus dispositivos personales en los que se guarda información privada, tuvieron la convicción de ser violentadas en sus derechos y tal situación forzó el retiro del lugar sin hacer la cobertura», indica el comunicado del SPR.
«La enorme limitación al trabajo periodístico y el malestar que de manera institucional provocó la decisión de la magistrada fue puesta en conocimiento y a manera de denuncia ante el secretario de la Corte Suprema de Justicia Carlos Crespo. Cabe recordar que años atrás se trabajó, junto a magistrados y al área de Prensa de la misma CSJ, en un protocolo para las coberturas en el proceso oral y público, protocolo que en esta ocasión se violentó o se ignoró. El SPR planteó también la inquietud por el proceder de la jueza Aronne ante la coordinadora del Colegio de Magistrados, Silvia Castelli».
«El SPR expresa con firmeza que lo ocurrido ayer en el CJP no debe volver a repetirse, una condición necesaria para la defensa del trabajo periodístico y la necesidad de nuestra sociedad a estar informada».