Seis agentes de la Brigada Motorizada de la policía de Santa Fe, una médica policial y dos civiles fueron imputados este martes por graves delitos vinculados al microtráfico, extorsión y falsificación de procedimientos.
La compleja investigación está a cargo de la fiscal Karina Bartocci y su par Pablo Socca, quienes describieron en esta jornada cómo los agentes aprovecharon una custodia policial para recabar información de una vendedora de drogas, también imputada, para orquestar operativos ilegales, cobrar coimas y extorsionar a civiles.
Los imputados son los suboficiales de la Brigada Motorizada Lucila Aylen Bellizzi (21), Dylan Ezequiel Pérez (23), Rodrigo Tomás Ramírez (23), Ricardo Font (27), Marcelo Borovachi (26) y el oficial Jesús Soria (31).
Además, está involucrada en la causa la médica policial Mara Romano, quien fue acusada en libertad por encubrir apremios ilegales.
El juez Hernán Postman presidió la audiencia donde aceptó la acusación de la Fiscalía y dictó un cuarto intermedio hasta el próximo martes para determinar si los acusados quedarán en prisión preventiva efectiva.
Seis agentes de la Policía Motorizada fueron detenidos por microtráfico en barrio Parque Casas
Extorsión y coimas en Parque Casas
La relación de estos policías con la trasera de Parque Casas se canalizó a través del oficial Soria y comenzó cuando Justicia le asignó la custodia en la casa de Castagnino al 1200.
La resolución judicial fue ordenada a raíz de que en julio del año pasado desconocidos balearon el frente de esa vivienda y el personal de la Brigada Motorizada fue el asignado.
Así, el oficial Soria comenzó a tener una fluida relación con Sandra Álvarez, describieron los fiscales en la imputación.
El primero de los delitos que describieron en la acusación se produjo el 18 de noviembre pasado cuando Sandra proporcionó información sobre Rubén «Rana» Gusmaroli, un hombre que está sindicado por vender armas en el mismo barrio.
Así, Soria y los otros agentes acusados planificaron la emboscada.
Pérez se hizo pasar por un comprador interesado en las armas y el 22 de noviembre de 2024, interceptaron al Rana y a un acompañante.
La dupla tenía dos pistolas en su poder y de la información extraída de los celulares incautados a los policías, la acusación determinó la mecánica.
Los policías liberaron a Gusmaroli a cambio de una coima de 2 millones de pesos y se quedaron con una de las armas. Posteriormente, el oficial Soria intentó extorsionarlo, al exigirle 20 millones de pesos a cambio de no denunciarlo.
Droga plantada y detenciones ilegales
Otro de los delitos lo cometieron el 27 de enero pasado, cuando los policías detuvieron a un hombre de 31 años cerca de un búnker en Superí y Cavia, también en Parque Casas.
Según los fiscales, los uniformados lo golpearon y le plantaron cocaína para justificar su detención.
La suboficial Bellizzi fue quien sacó las bolsas de droga de su chaleco y las colocó en el detenido, quien luego se determinó que estaba en el lugar porque era un comprador de estupefacientes.
El hombre y una mujer de 72 años, abuela de un adolescente vinculado a la banda de Marcelo «Frentudo» Fernández contraria a Sandra Álvarez, fueron trasladados a la comisaría 10ª bajo falsas acusaciones.
Allí, los agentes continuaron golpeando a la víctima y falsificaron declaraciones para incriminarlo como vendedor de drogas. Ambos estuvieron detenidos durante 17 días hasta que la causa fue archivada por falta de pruebas.
Irregularidades en la 10ª
En la ya cuestionada seccional de Darragueira al 1158, los policías falsearon el acta de procedimiento para incriminar al Frentudo y favorecer a su transera, según se describió en la audiencia.
Además, los indicios recolectados durante la pesquisa expusieron que la médica policial Romano falsificó el informe médico del hombre golpeado, omitiendo las lesiones visibles que presentaba y cometiendo encubrimiento.
Tal fueron las lesiones que pudieron ser constatadas a casi tres semanas por forenses en un examen que solicitó la Fiscalía.
Acusaciones
Los fiscales imputaron a la media docena de policías de la Brigada Motorizada por falsedad ideológica de instrumento público, cohecho pasivo, privación ilegítima de la libertad, amenazas coactivas y apremios ilegales.
Además, el oficial Soria fue acusado de tentativa de extorsión, mientras que Pérez enfrenta cargos por falso testimonio agravado.
La audiencia imputativa se reanudará el próximo martes, donde el magistrado Postma decidirá si los acusados continuarán en prisión preventiva efectiva.