El senador Leonardo Loza anunció que pedirá permiso para portar un arma de fuego, teme por su vida tras la muerte del dirigente Jhonny Cruz en el Trópico de Cochabamba. Sostuvo que la Policía ya no protege a los dirigentes cocaleros. Loza denunció que los uniformados pretenden ejecutar a los líderes evistas y expresó que su solicitud está respaldada por la ley.
El legislador afirmó que en cualquier punto del país puede ser atacado, denunció que hay una persecución contra quienes denuncian corrupción y narcotráfico. Señaló que no hay garantías para su seguridad personal ni la de sus compañeros cocaleros. Por ello considera necesario portar un arma de defensa porque la Policía se ha vuelto una amenaza para los evistas.
El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, informó que tres policías fueron aprehendidos por la muerte de Cruz, todos implicados en el operativo. La investigación reveló que la víctima recibió un disparo por la espalda, las versiones de los uniformados presentan contradicciones importantes.
Para Loza, no fue un accidente ni un exceso, se trató de una ejecución ordenada desde el propio Gobierno de Luis Arce. Acusó directamente a Del Castillo y al viceministro Aguilera de ser autores intelectuales. Afirmó que ambos intentaron ocultar el crimen con versiones contradictorias, por ello pidió cárcel para los tres policías y para ambas autoridades.
El senador del ala evista también apuntó al presidente Luis Arce e indicó que hay una estructura estatal que persigue, encarcela y elimina a los dirigentes leales al exdictador Evo Morales. Calificó al Gobierno de asesino y corrupto y aseguró que las acciones contra los evistas son sistemáticas. Insistió en que las autoridades no actúan de forma aislada.
Loza reclamó la intervención de organismos internacionales y solicitó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos investigue el caso del dirigente implicado con un grupo criminal del Chapare. A su juicio, el Gobierno intenta encubrir a los autores del crimen y también pidió garantías para su integridad física. Expresó desconfianza en el sistema judicial boliviano.
El jueves, el senador denunció una requisa policial a su vehículo en la carretera. Dijo que los uniformados revisaron su mochila y la de su acompañante, considera que ese operativo fue un acto de amedrentamiento. Calificó la situación como una violación a la Constitución y compartió un video en sus redes sociales como prueba.
¿Los dirigentes del Chapare se creen inmunes a la ley?
| La Derecha Diario
Según Loza, esta requisa está vinculada a su denuncia contra el Gobierno y afirmó que no teme a los controles. Recordó que los vehículos de los legisladores no pueden ser allanados sin orden judicial, pero a pesar de eso dijo que se sometió al control sin oponer resistencia. Reiteró que no tiene nada que ocultar.
La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico respondió mediante un comunicado. Aseguró que el control fue rutinario y que se realizó con consentimiento, los ocupantes del vehículo continuaron su viaje sin inconvenientes. Explicó que este tipo de operativos son aleatorios, pero no mencionó si conocían la identidad del legislador.
La diputada evista Romina Gómez, se solidarizó con el cocalero Loza. Afirmó que el Gobierno busca sembrar pruebas para incriminar a los dirigentes y dijo que podrían colocar armas o drogas en vehículos o casas. Acusó a la Policía de actuar sin órdenes judiciales, calificó las requisas como ilegales y arbitrarias.
Gómez advirtió que los parlamentarios evistas están siendo vigilados y sostuvo que se está vulnerando la inmunidad parlamentaria. Afirmó que la intención es iniciar procesos penales para callarlos. Pidió a los medios y a la comunidad internacional estar atentos, también exigió respeto a la Constitución.
En paralelo, Loza volvió a criticar al Gobierno de Arce y aseguró que hay un intento de impedir la candidatura incostitucional de Evo Morales. Señaló que las observaciones contra el Frente Para la Victoria son parte de un plan. Dijo que antes del pacto con Morales, nadie molestaba a ese partido y denunció que intentan quitarle su personería jurídica.
El senador cocalero dijo que el Gobierno no quiere que Morales vuelva al poder e insistió en que todas las acciones legales son persecuciones disfrazadas. Reiteró que cuando los evistas retomen el control del Estado, harán pagar el daño causado.