El gobierno de Milei avanzó en permitirle a las distribuidoras un aumento en las facturas domiciliarias que sería de alrededor del 2% o del 2,5%, a partir del 1º de abril, justo cuando se empiezan a prender las estufas. Pero también se traslada a boletas el cargo que pagan las empresas para el subsidio que opera en zonas frías, entre ellas Rosario, ahora fijado en un 6%, así que es un laberinto
Guillermo Correa
El tildado por el presidente Javier Milei como “mejor ministro de Economía de la historia”, Luis Andrés Caputo, firmó una resolución, la 356/3025, por la cual un recargo que pagaban las empresas de gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), ahora lo pagarán los usuarios. “Establécese que las comercializadoras aplicarán y trasladarán, en su exacta incidencia, el recargo sobre el precio de gas natural adquirido en el PIST que les fuera percibido por el proveedor de gas, por cada metro cúbico (m³) de nueve mil trescientas kilocalorías (9300 kcal) comercializado”, dice uno de los artículos del tramo resolutivo de la norma. En el primero de ellos, el jefe del Palacio de Hacienda estableció, además, que el recargo será del 6%: esa retención se destina por ley a un fondo fiduciario para reducir las tarifas de consumo en las zonas frías, entre las que está incluida la ciudad de Rosario. Pero la gestión de La Libertad Avanza pretende pulverizar la asistencia al consumo residencial, llevándola a lo que llama “Subsidios Energéticos Focalizados”. ¿La razón? Lo saludable que está la economía con el plan de gobierno: pese a que en cada mensaje Caputo sostiene que todo va viento en popa, la resolución que el mismo firmó afirma lo contrario: “La política de mantener un esquema de subsidios generalizados y crecientes en el tiempo implementada a través de los aportes del Tesoro Nacional, resulta incompatible con la situación financiera por la que atraviesan las cuentas públicas, encontrándose el Estado Nacional imposibilitado de continuar realizando dichos aportes”. Es el textual de uno de los considerandos de la norma.
Hay que pasar el invierno
El Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas se constituyó a través de la ley 25.565 en mayo de 2002, a pocos meses de que todo volara por los aires, en el Diciembre Negro de 2001. Caída la convertibilidad 1 a 1 con el dólar, y en el marco de una crisis económica galopante, y con pobreza y desocupación generalizadas, la ley que lo instituyó era nada más y nada menos que el Presupuesto para ese año. Precisamente por ese contexto era impensable que las tarifas energéticas, que hasta entonces habían estado dolarizadas por el tipo de cambio, lo siguieran estando: se hubieran multiplicado por cuatro, espiralando aún más la descomunal crisis que se vivía.
Originalmente la norma abarcaba al sector del país donde más crudos son los inviernos, con la lógica de que a más frío, más consumo de gas. , un sector del país
El primer párrafo del artículo 75 de la ley dejaba creado el fondo fiduciario “con el objeto de financiar: a) las compensaciones tarifarias para la zona Sur del país y del departamento Malargüe de la provincia de Mendoza, que las distribuidoras o subdistribuidoras zonales de Gas Natural y Gas Licuado de Petróleo de uso domiciliario, deberán percibir por la aplicación de tarifas diferenciales a los consumos residenciales, y b) la venta para uso domiciliario de cilindros, garrafas, o gas licuado de petróleo en las provincias ubicadas en la Región Patagónica y del departamento Malargüe de la provincia de Mendoza”.
Aunque la ley establecía que el proceso “se mantendrá en vigencia por diez años”, el tiempo de recuperación que pensaban entonces en el interinato del senador nacional Eduardo Duhalde, los subsidios atravesaron la gestión del presidente Néstor Kirchner –quien asumió en forma adelantada, el 25 de mayo de 2003– hasta llegar al gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que los extendió hasta 2031.
Para el caso patagónico y de Malargüe, un departamento cordillerano que tiene las mismas –y ásperas– características que el norte neuquino, con el que es lindante, el Fondo costea la mitad de las facturas, es decir que los usuarios residenciales pagan el 50% del precio pleno.
Pero además, la gestión del entonces Frente para la Victoria pidió informes a expertos y detectó que en otras zonas, entre ellas Rosarios, las temperaturas invernales eran igual o podían ser incluso más frías que en zonas de la Patagonia. Por lo que el subsidio se extendió geográficamente, aunque alcanza al 30%, con lo que a los usuarios rosarinos de hoy en día, les llega el 70% del precio pleno que deberían pagar. Eso es precisamente lo que el ministro Caputo apunta a troquelar con su cambio a “subsidios focalizados”, con motivo de una mendigante situación del Estado, la cual niega en público pero admite (¿o exagera?) en la normativa.
La Libertad arrasa
“A los fines de homogeneizar la aplicación de dicho recargo a todos los agentes económicos del mercado de gas, las comercializadoras deberán aplicar y trasladar, en su exacta incidencia, el recargo sobre el precio de gas natural adquirido en el PIST, que les fuera percibido por el proveedor de gas, por cada metro cúbico (m³) de nueve mil trescientas kilocalorías (9300 kcal) comercializado”, dice uno otro de los artículos de la resolución 356/2025.
Según otro de los considerandos, la decisión se toma bajo el paraguas del decreto 55 del 16 de diciembre de 2023, el cual “declaró la emergencia del Sector Energético Nacional en lo que respecta a los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal y de transporte y distribución de gas natural” –con vigencia hasta fines del año pasado– y del decreto 70/2023 –vigente pero objetado judicialmente por inconstitucional– por el cual “se adoptaron una serie de medidas a raíz de la situación de inédita gravedad que se encuentra atravesando la República Argentina, y se estableció la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, sanitaria, tarifaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025”.
Nuevamente Caputo dice que todos son éxitos, pero el país está al horno.
Y en ese punto remite al mamotreto de 366 artículos –muchos de los cuales son derogaciones de leyes, cuando constitucionalmente una norma inferior (decreto) no puede modificar ni menos acabar con una superior (ley)– para mencionar el criptoartículo 177 que faculta a la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía de la Nación para “redeterminar la estructura de subsidios vigentes a fin de asegurar a los usuarios finales el acceso al consumo básico y esencial” de energía eléctrica y gas natural. Peo inmediatamente después reza, específicamente sobre los subsidios: “Dicho beneficio deberá considerar principalmente un porcentaje de los ingresos del grupo conviviente, en forma individual o conjunta para la energía eléctrica y el gas natural, a ser establecido por la reglamentación. A los efectos de calcular el costo de los consumos básicos, se considerarán las tarifas vigentes en cada punto de suministro. A los efectos de implementar la segmentación de la asignación de subsidios a los usuarios y las usuarias de servicios públicos de energía eléctrica y gas natural por red”.
Y concluye: “La referida Secretaría de Energía tendrá facultades para definir los mecanismos específicos que materialicen la asignación y efectiva percepción de los subsidios por parte de los usuarios, determinando los roles y tareas que desempeñarán de manera obligatoria los distintos actores públicos, empresas concesionarias, y otros actores o agentes que integren los sistemas del servicio público de que se trate, en su carácter de responsables primarios”.
El trabalenguas parece funcionar una mera cobertura para respaldar que la referida área de energía va a hacer lo que quiera y cuando se le cante.
Con todo, al traspaso del 6% a usuarios finales se le suma la reciente resolución 187/2025 del Ente Nacional del Gas, en la que el inverventor se aprueba un nuevo cuadro tarifario (léase aumento) para Litoral Gas, empresa que distribuye el fluido en la provincia de Santa Fe y en norte de la provincia de Buenos Aires –San Nicolás, Ramallo, Pergamino, Colón, Arrecifes, San Pedro y Baradero– donde reside una población de 3 millones y medio de habitantes. Qué aumento llegará, es una incógnita que puede ir del 2% al 8%, o váyase a saber.