Mariángeles Guerrero / Especial para El Ciudadano
La actualidad política provincial estará signada, en los próximos meses, por la reforma de la Constitución provincial. El gobernador Maximiliano Pullaro ya anticipó que la Convención se llevará a cabo el próximo 14 de julio. Desde el movimiento de mujeres y diversidades sexuales de Santa Fe marcan la necesidad de que la reforma cuente con perspectiva de género y con mayor participación ciudadana. “Las feministas siempre alentamos la participación en las decisiones importantes de nuestra vida y de nuestra sociedad”, señala Patricia Méndez Lissi, abogada e integrante de la Asamblea Ni Una Menos de la ciudad de Santa Fe. En el mismo sentido se expresó la Asamblea Lesbotransfeminista de Rosario.
Mabel Gabarra, también abogada e integrante de la Asamblea Lesbotransfeminista de Rosario, subraya: “Se deben reconocer los nuevos derechos, que son el resultado de la lucha de los sectores que se movilizaron para que se reconozcan”. Al respecto, menciona los derechos de mujeres y diversidades sexogenéricas, los derechos relativos al ambiente, el derecho al trabajo y a una vivienda digna, el derecho a aprender, a un salario que permita vivir con dignidad y a disfrutar de la plenitud de la vida. “Todo esto está en la Constitución Nacional, pero tenemos que explicitarlo realmente en nuestra provincia”, fundamenta.
Además, cuestiona que en la convocatoria a la reforma —formalizada a través de la Ley 14.348— no se tenga en cuenta el respeto irrestricto de la igualdad de género en todos los ámbitos. Un ejemplo de ello es la propuesta elaborada por el Ejecutivo para la futura conformación de la Corte Suprema de la provincia. Sobre este punto, se plantea que la nueva composición deberá “procurar” la paridad de género y la representación regional de procedencia diversa en ese órgano, de acuerdo con lo que establezca una ley especial. “Pero procurar no significa que se debe establecer la paridad de género. El lenguaje no es explícito y deja abierta la posibilidad de no hacer lo que se propone”, observa la entrevistada. En cuanto a la paridad, tampoco el órgano constituyente cumple con ese requisito: la mayoría de los convencionales electos son varones.
Méndez Lissi enfatiza la necesidad de que se incorporen a la nueva Constitución tratados internacionales como la CEDAW (incluida ya en la Constitución Nacional de 1994) y la Convención de Belém do Pará. Ambos son mecanismos internacionales suscriptos por Argentina, que establecen estándares en materia de igualdad de género y de prevención y erradicación de la violencia hacia las mujeres. “Esos derechos fueron ganados por las feministas y no se puede dar ni un paso atrás. Nos parece importante que, en una reforma constitucional del siglo XXI, estén presentes la paridad de género, los derechos igualitarios, los derechos feministas y la perspectiva de género”, sostiene.
Además, agrega: “Nosotras sabemos lo que tenemos que defender y tenemos propuestas para avanzar en ese sentido, pero me gustaría saber qué tienen para decir las y los convencionales al respecto”.
Desde las asambleas de Rosario, Santa Fe y otras localidades ya se está avanzando en encuentros y acciones para poner estas demandas en agenda.
El reclamo de mayor participación ciudadana
La Asamblea Lesbotransfeminista de Rosario expresó la semana pasada, mediante un comunicado, su «profunda preocupación» ante la premura con la que se pretende avanzar en el debate sobre la reforma. «La Ley 14.348 que declara la necesidad de la reforma se realizó de forma exprés y sin un mecanismo de consulta y participación activa de los sectores sociales, sindicales, políticos y participativos de la sociedad santafesina», cuestionaron.
Y consideraron que «una transformación de esta magnitud no puede darse sin un proceso amplio de debate, participativo y verdaderamente democrático». En ese sentido, reclamaron el «protagonismo de los feminismos populares, diversos, disidentes y territoriales».
«La Constitución que soñamos debe nacer del pueblo y representar las voces históricamente silenciadas», advierten. Exigen un proceso constituyente “verdaderamente popular, paritario, plural y con participación activa de los movimientos sociales, feministas, de las mujeres, de las diversidades y de las disidencias”.
Gabarra y Méndez Lissi coinciden en que es necesaria la reforma de la Constitución provincial, que data de 1962 y por lo tanto no recoge normativas cruciales, como las incorporadas en la Reforma de la Constitución Nacional de 1994. Pero advierten la premura en el proceso y la baja participación ciudadana. En las elecciones del 13 de abril, cuando se eligieron las y los convencionales constituyentes, sufragó solo el 55% de la población habilitada para votar.
“En cuanto a la acción social, política y participativa, el proceso deja mucho que desear. Los tiempos se manejaron con intereses personales, políticos y partidarios que están muy lejos del bien común, sin dar un poco más de tiempo para que la gente pueda responder, organizarse e intercambiar opiniones respecto de la reforma”, valora Méndez Lissi.
Gabarra concluye: “Es necesaria la reforma de la Constitución de Santa Fe porque ya tiene más de 60 años de vigencia. Pero esta reforma está impulsada por el gobernador con el objetivo de ser reelecto al final de este mandato. Esta cuestión de hacer algo con fórceps para cumplir su objetivo no fue clara para la ciudadanía. Evidentemente, la gente fue a votar a los convencionales sin saber de qué se trata una reforma constitucional”.
Principios para una Constitución con perspectiva de género
Desde la ciudad de Santa Fe, la Asamblea Ni Una Menos elaboró un documento con 16 principios que, proponen, sean tenidos en cuenta en la reforma. Señalan la importancia de que el nuevo texto constitucional reconozca el derecho a la salud, los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos, el derecho a la seguridad social y a la educación pública, laica y no sexista, al trabajo digno y al tiempo libre, al acceso a la justicia y a la protección de los derechos humanos.
Entre los principios se incluye el uso del lenguaje inclusivo, la laicidad del Estado y la garantía de las políticas públicas de cuidado que garanticen alimentación, salud, educación, vivienda, recreación y condiciones de equidad para todas las personas.
También proponen que se incluya el principio de igualdad sustantiva en dignidad, libertad y derechos para grupos históricamente postergados como las mujeres, los pueblos originarios, las personas migrantes, las diversidades y disidencias sexuales, las personas con discapacidad y afrodescendientes.
Sostienen, además, la necesidad de una participación paritaria en todos los niveles y poderes del Estado, y considerar formas de democracia directa y deliberativa como plebiscitos, consultas populares, mandatos revocables e integración de organizaciones sociales en la determinación de políticas públicas y legislaciones.
Otro aspecto propuesto por la Asamblea Ni Una Menos es el reconocimiento del derecho de las personas al libre desarrollo de su personalidad, a la autodeterminación en relación con sus cuerpos y sus planes de vida y a contar con las condiciones sociales para el desarrollo individual, colectivo y el derecho a una vida libre de violencia.
Proponen que la nueva constitución siente las bases de un modelo de desarrollo ecofeminista, respetuoso con la naturaleza y el resguardo de los bienes comunes; para el desarrollo de territorios y ciudades feministas y para garantizar el derecho a la ciudad. Sobre este último punto, proponen: “Impulsar el acceso al suelo, a la vivienda, a los servicios públicos, a la infraestructura y al espacio público, articulando con los territorios y comunidades rurales”.
Asamblea NUM y Reforma Constitucional SF