La defensa de Fabiola Yañez, a cargo del abogado Mauricio D’Alessandro y Gastón Marano, fueron notificados del planteo del fiscal federal -Ramiro González-, respecto a la clausura de la investigación en la causa por violencia de género para avanzar hacia el juicio oral. La respuesta sostendrá que son más los delitos corroborados contra Alberto Fernández y que los mismos representan una pena máxima de 12 años y una mínima de 4 a 6 años.
El expresidente está procesado por dos hechos de lesiones leves y un hecho de lesiones graves, doblemente agravados por el vínculo, abuso de poder y autoridad, y amenazas coactivas.
El cuadro acusatorio con el que el Ministerio Público Fiscal inició la investigación en agosto del año pasado contemplaba nueve hechos en total. Sin embargo, con el avance de la pesquisa se determinó que tres de ellos son los que lograron corroborarse.
En este expediente se dio por corroborado que en un “contexto de violencia de género signado por la particular relación asimétrica de poder entre Alberto Ángel Fernández y Fabiola Andrea Yañez, por lo menos desde el año 2016 hasta el 6 de agosto del 2024, el imputado se habría aprovechado de la especial situación de vulnerabilidad preexistente al vínculo en la que se encontraba inmersa la nombrada”.
Fue en ese marco que se acusó al ex Presidente de haber “ejercido con habitualidad y de modo continuo, violencia psicológica contra Yañez, bajo las formas de acoso, hostigamientos, controles, indiferencia, insultos, culpabilización, destrato, retiro de la palabra, ninguneos y hostilidad”.
Ante el cuadro probatorio que sustenta las acusaciones que pesan sobre el ex presidente de la Nación, el fiscal González, quien tuvo delegada la investigación, consideró que es momento de dar por clausurada la instrucción y avanzar hacia el juicio oral.
La defensa de la ex primera dama, a cargo del abogado Mauricio D´Alessandro y como adjunto Gastón Marano, explicó a Clarín que en la respuesta que presentarán ante el fiscal federal González, detallarán que «los hechos corroborados son más de tres, no los nueve iniciales pero sí son más de tres que sostiene la imputación».
A la hora de a los hechos que consideran comprobados atribuirles una conducta a la luz del Código Penal, la defensa de Fabiola Yañez expresará en el escrito «una pena en expectativa, que entendemos es una máxima de 12 años y una mínima que va de 4 a 6 años de prisión», indicó D´Alessandro a Clarín.
De esta manera, la respuesta al Ministerio Público Fiscal buscará agravar las acusaciones contra el ex Presidente de la Nación.
Este lunes el fiscal Ramiro González, indicó que durante el trámite de la instrucción se “produjeron las medidas de prueba pertinentes a los efectos de corroborar o descartar las hipótesis delictivas”.
La fiscalía entiende que fueron llevadas a cabo las diligencias propuestas tanto por la defensa como por la querella, “tendientes a verificar o descartar los hechos denunciados o algunas aristas de los mismos».
En cambio, fueron descartadas las “inconducentes y todas aquellas dirigidas a dilucidar cuestiones que no se encuentran controvertidas en autos o que puedan ser realizadas en una posterior etapa del proceso”.
Después de repasar las medidas de prueba celebradas en el marco de la investigación, el Ministerio Público consideró que se han “materializado todas aquellas pertinentes de modo que se debe dar por concluida la instrucción del sumario respecto de la participación que le cabe a Alberto Fernández por los hechos que le fueron imputados y por los que se encuentra procesado”.
Previo a firmar el requerimiento de elevación a juicio, la fiscalía pidió la opinión de las abogadas intervinientes, al entender que “pueden admitirse algunas medidas probatorias en la ulterior etapa del proceso”.
La respuesta de los abogados de la ex Primera Dama incluirá un pedido que refiere a 12 años de cárcel, como máxima, para Fernández y si se contempla la mínima para los delitos que sostendrán que fueron corroborados, representa también una pena que deberá cumplirse en prisión.
Sin embargo, es en la etapa de alegatos en el marco del juicio oral, cuando las partes, en este caso la querella y la fiscalía, expongan el pedido de pena ante el Tribunal a cargo de celebrar el debate. Serán los jueces quienes tengan la palabra final al respecto.