Sincericidio de Sturzenegger: el Gobierno se acusa a sí mismo por la crisis del fentanilo

“La Anmat falló, porque el señor que tiene el laboratorio es un amigo del poder y logró que el poder le permitiera hacer esto”, criticó Federico Sturzenegger en el ciclo Deja Vu, conducido por  el periodista Lucas Morando. Con estas declaraciones, el funcionario disparó contra la cartera de Salud conducida por Mario Lugones  que pertenece al propio gobierno. 

“El Anmat me desprotegió, al decirme que me protegía sin protegerme y al decirme que el fentanilo lo revisaba», arremetió el economista.  El grupo HLB Pharma, que controla el Laboratorio Ramallo y que produjo el fentanilo fatal, es considerado como el responsable de 96 muertes a través de la difusión de ampollas contaminadas.

La parlamentaria Silvana Giudici del PRO buscó crear una comisión en Diputados para investigar el caso, aunque la propuesta no procedió. Ariel García Furfaro, dueño de la empresa farmacéutica, se deslindó en declaraciones a varios medios de vínculos políticos que podrían generar distintas hipótesis.   

Pero los dichos de Sturzenegger golpea de lleno al Ministerio de Salud, quien controla la Anmat. Recién el 8 de mayo lanzó su alerta el organismo gubernamental sobre los lotes con sustancias peligrosas, cuando en los hospitales de varias provincias estaban internados los primeros afectados. 

Los fallecimientos confirmados se localizaron en provincia de Buenos Aires (La Plata y Bahía Blanca), Córdoba, Santa Fe y Formosa. La causa tiene a 24 personas bajo sospecha, pero todavía ningún detenido. Se tramita en el Juzgado Federal N.º 3 de La Plata a cargo de Ernesto Kreplak. Las autoridades de la causa informaron que continúan las investigaciones para constatar la trazabilidad de los casos oficiales, número que aún estaría lejos de conocerse.

Por ahora está confirmado que ya se incautó de la totalidad de las ampollas de fentanilo distribuidas. Se trata de más de 100 mil ampollas adulteradas con las bacterias Ralstonia pikettii y Klebsiella pneumoniae que fueron secuestradas y las cuales no se le aplicó a ningún paciente. De esta manera, ya ningún hospital tendría el opioide contaminado.

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