En una sesión caliente sin precedentes recientes, el Consejo de la Magistratura aprobó este miércoles, con la oposición del kirchnerismo, el presupuesto del poder judicial para el próximo año y luego decidió suspender y enviar a juicio político al juez de Mar del Plata Martín Poderti acusado de haberse robado 144 monedas de oro.
Mientras los K avanzan contra la jueza federal Maria Eugenia Capuchetti a quienes acusan de no haber avalado la “supuesta conspiración política” del macrismo detrás del intento de asesinato a Cristina Kirchner, luego de haber empezado a investigar irregularidades de la Policía Federal durante el gobierno de Alberto Fernández, en la detención de Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte.
En la reunión del plenario de hoy, el presidente del cuerpo y titular de la Corte, Horacio Rosatti, brindó detalles de los alcances del fallo “Levinas” del máximo tribunal y sostuvo que el traspaso de la justicia nacional de la órbita porteña lo deben resolver “los poderes políticos” y no la Justicia. Mientras que el consejero-abogado Cesar Grau y el representante del Ejecutivo, Sebastián Amerio, coincidieron con Rosatti y sostuvieron que “los fallos de la Corte Suprema deben cumplirse”.
El Plenario del Consejo de la Magistratura aprobó el Presupuesto para el año 2026 destinado al Poder Judicial de la Nación por la suma de $2.007.943.778.229.
La votación terminó con 15 votos a favor y 5 abstenciones (todas del bloque kirchnerista). El debate sobre el presupuesto del Poder Judicial para el año próximo se llevó gran parte del encuentro que comenzó minutos después de las 10, con la mayoría de sus integrantes presentes, excepto dos de ellos que estuvieron conectados virtualmente.
Pero durante el debate sobre el presupuesto, fueron los consejeros del sector kirchneristas lo que se encargaron de cuestionar que desde hace dos años el gobierno de la Nación funciona sin presupuesto votado por el Congreso por decisión del presidente Javier Milei. El diputado Rodolfo Tahilade habló de la “pulverización institucional de nuestro país”, criticó la política del ex presidente Mauricio Macri la deuda con el Fondo Monetario Internacional y cuestionó “lo que están haciendo ahora con la deuda pública”.
En ese marco, discrepó con los recursos destinados al edificio de Comodoro Py 2002, a lo que se sumó también su colega, el senador Mariano Recalde que habló de “los señoritos de Comodoro Py” en referencia a los jueces y fiscales federales.
Mientras Recalde aprovechó para volver a criticar el fallo del Consejo de la Magistratura y reclamó en avanzar con el concurso para sacar de sus sillas a los jueces de la Cámara Federal Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, Tailhade aprovechó para criticar nuevamente a la jueza María Eugenia Capuchetti por no incluir en la causa por el intento de homicidio de Cristina Kirchner la hipótesis de una conspiración política con el diputado del PRO Gerardo Milman.
Por otra parte, el ex director de Contrainteligencia de la SIDE criticó la sentencia de la Corte Suprema al confirmar la condena a la ex presidente Cristina Kirchner en el caso Vialidad. “En este nivel de pauperización que está a tono con los tiempos que corren, no podemos convalidar el presupuesto que da prioridad a las rejas”, opinó.
El diputado del PRO Alvaro González salió al cruce: recordó que Sergio Massa, el ex ministro de Economía del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, había sido el primero en retirar el presupuesto del 2024, y luego siguió el mismo criterio Javier Milei. Subrayó que el presupuesto ya se estaba votando se había discutido en comisión en la cámara baja. “Es lo que tenemos. El que maneja la plata no es el Poder Judicial. El que maneja la plata es el Poder Ejecutivo. En ningún momento se dejaron de pagar los salarios”, agregó.
González también respondió los cuestionamientos a los avances de concursos en la justicia federal: “Si acá no hay ternas para tratar de Comodoro Py hay una comisión de selección y todos tenemos derecho a pedir que se traten los temas. Recaer sobre el presidente Milei de algo que es una tarea colectiva, no es lo adecuado”. “Dicho esto, el presupuesto no es el que quisiéramos, es el posible”, dijo.
Al tomar la palabra, la diputada ultra K Vanesa Siley exigió atención a una serie de planteos de su gremio judicial llamado SITRAJU para ser parte de paritarias, y criticó que en el Consejo de la Magistratura haya jueces que integren “la comisión de Disciplina protegiendo a sus pares”.
En defensa de Milei, Amerio dijo que “parece que el país existe desde hace un año y diez meses. Todos saben que no es así pero no lo mencionan”. Amerio es el viceministro de Justicia y representante del gobierno en la Magistratura.
“La situación edilicia del Poder Judicial es complicada desde hace muchos años, la implementación del acusatorio fue abonado 100 por ciento por el Ministerio de Justicia de la Nación, y es cierto que tenemos alguna deuda que tenemos que pagar. Y el presidente de este cuerpo se ocupa de que devolvamos la plata que adelantaron” afirmó.
Amerio también dijo que “el presidente de la Corte es un férreo peleador del salario de todos los judiciales” y acotó: “por supuesto que no es el ideal el prepuesto y que todos quisiéramos tener más plata para hacer un montón de cosas. Pero el país no empezó hace un año y diez meses y venimos de una economía espectacular. Dejaron tierra arrasada. ¿Qué pretenden? ¿Nadie se va a hacer cargo de lo que pasó?”, en alusión a los K.
“También acá se habló de independencia judicial. No sé cuántos gobiernos pueden decir que no operamos y que no atentamos contra la independencia judicial –afirmó-. No hay organismos de inteligencia en los tribunales, no hay tapa de diarios manipuladas o un presidente atacando a jueces…», agregó en alusión a Cristina y Alberto Fernández.
«Eso también hace que los jueces se hagan responsables de las decisiones que toman. Y por supuesto los fallos de la Corte hay que acatarlos”, agregó Amerio.
Luego el consejero de los abogados Grau -cercano a los K- abrió una nueva polémica: “Acá se habló del cumplimento de fallos judiciales y yo quiero hacer referencia al fallo dictado el 27 de diciembre pasado ‘Ferrari Alicia contra Gabriel Levinas’”.
Se trata de un fallo que provocó polémica y llevó a distintas cámaras nacionales radicados en la CABA a ponerse en pie de alerta oponiéndose al traspaso a la justicia de la ciudad de Buenos Aires.
“¿Vamos a cumplir la sentencia o no? La sentencia es clarísima”, dijo y recalcó que “los fallos de la Corte están para cumplirse”. Fue así que condicionó su acompañamiento a la votación del presupuesto a incluir una cláusula del que prevea el traspaso de los fondos a la órbita porteña.
Los jueces Alberto Lugones de la Lista Celeste y Alejandra Provítola de Compromiso Judicial enseguida cuestionaron la inclusión de ese tema e insistieron en su oposición al traspaso y se rechazó la propuesta de Grau. “El fallo de la Corte no dijo eso”, retrucó Lugones a Grau.
La discusión se zanjó cuando el presidente de la Corte y del Consejo de la Magistratura tomó la palabra. Arrancó con una humorada, recordando una película de Woody Allen en donde el cineasta y otra actriz discutían sobre lo que había querido decir un filósofo en la fila de un cine y el propio filosofo estaba allí para preguntarle.
“¿Qué quiso decir la Corte en el tema Levinas? A veces se me atribuyen autorías intelectuales que no tengo, pero en este tema yo tuve una participación importante en la Corte. Lo que resolvimos en Levinas es un tema procesal que nos estaba llevando fundamentalmente con los abogados de la matrícula que no sabían si tenían que interponer recursos ante la Corte y ante el Superior Tribunal de la justicia de Buenos Aires”, dijo Rosatti.
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“Con relación al traspaso ya no vamos a decir más nada porque eso corre por cuenta de los poderes políticos efectivamente a través de un convenio entre el Congreso de la Nación y la legislatura porteña sobre cómo se hace”, afirmó Rosatti.
“Esta es una cuestión es absolutamente ajena a la Corte. Lo que la Corte exhorta es a ver cuándo esto se puede hacer. La Corte a veces hace exhortaciones, como exhorta a sancionar leyes o como ayer exhortamos de nuevo a que se designe al Defensor del Pueblo de una vez por todas porque tenemos reclamos jubilatorios que no podemos resolver porque corrían en su legitimación por el Defensor del Pueblo y no hay defensor del Pueblo hace un montón de años…”, agregó.
Luego Rosatti dijo que “todas esas cuestiones a nosotros nos superan. Lo que quisimos decir en el fallo Levinas es ‘este es mecanismo procesal para que el abogado supiera que no iba a hacer perder el derecho de su defendido por el hecho de plantear un recurso ante un tribunal equivocado”.
El dictamen del presupuesto fue puesto a votación. Fue aprobado por 15 votos y la cinco abstenciones los miembros del bloque kirchnerista y Grau.
En la última reunión de la Comisión de Disciplina, que preside el Consejero César Grau y se llevó a cabo el 13 de agosto pasado, se aprobaron diversas medidas de pruebas en la denuncia que se sigue contra Capuchetti, mientras siguen congelados pedidos de sanción contra los jueces Ariel Lijo y Alejo Ramos Padilla.
Se trata de un pedido consejero y juez Lugones, en la causa del «Expte N° 127/2024 GAILLARD, MOREAU Y PENACCA» donde se resolvió citar como testigo al ex subdirector de la SIDE y actual ministro de Justicia de Kicillof, Juan Martín Mena.
Otro de los testigos convocados son los efectivos de la Policía Federal Camila Dafne Serán y Pablo Kablan para interrogarlos con la rotura del celular de Fernando Sabag Montiel, a quien la semana pasada en el juicio oral le pidieron una condena de 15 años de prisión en base a la investigación de Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo.
Otro de los convocados fueron Pablo Kablan de la Federal ly la custodia de Capuchetti, Priscilla Santillán, así como Damián Neustad, ex Subsecretario de Política Criminal.
Votaron a favor de las medidas: Grau (desempató por ser el Presidente de la Comisión, Lugones, y los senadores K María Inés Pilatti Vergara y Mariano Recalde y del PRO Luis Juez. En contra de las medidas votaron la jueces Agustina Diaz Cordero, Provítola y Diego Barroetaveña, el senador Eduardo Vischi y el académico Hugo Galderisi.