Entre enero y septiembre de 2025, se registraron 200 femicidios, trans/travesticidios y lesbicidios en Argentina, según los datos relevados por el Observatorio de Violencias Mercedes Pagnutti. Esta cifra representa una alarmante continuidad de la violencia estructural contra mujeres, personas trans, travestis y lesbianas, cuya vida sigue siendo sistemáticamente vulnerada en todo el territorio nacional.
En particular, en la provincia de Santa Fe se contabilizaron 27 casos, de los cuales 14 ocurrieron en la ciudad de Rosario. Esta concentración de hechos violentos en zonas urbanas como Rosario da cuenta no solo de la magnitud del problema, sino también de cómo se entrecruzan las violencias de género con otros factores como la desigualdad social, la precarización de la vida y la expansión del crimen organizado.
Violencias que no son aisladas: una denuncia política
Desde una perspectiva feminista y de derechos humanos, denunciamos que estos crímenes no son hechos aislados ni excepcionales. Son el resultado de una trama compleja de opresiones que combina:
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Patriarcado: un sistema que reproduce la dominación masculina, la cosificación de los cuerpos feminizados y el silenciamiento de las disidencias.
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Desigualdad estructural: expresada en la falta de acceso equitativo a recursos, oportunidades, protección y justicia para las mujeres y disidencias.
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Criminalidad organizada: que se expande en territorios donde el Estado se retira o actúa de manera cómplice, afectando especialmente a las poblaciones más vulneradas.
Los femicidios, trans/travesticidios y lesbicidios son, en este marco, crímenes políticos. No son actos individuales ni «tragedias privadas»: son la manifestación más extrema de una violencia que tiene raíces culturales, sociales, económicas y políticas profundamente arraigadas.
La urgencia de políticas integrales y efectivas
Frente a este escenario, exigimos al Estado la implementación urgente de políticas públicas integrales que no se limiten al abordaje posterior de los casos, sino que actúen en la prevención, protección y cuidado de las personas en situación de violencia.
Estas políticas deben contemplar:
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Refuerzo de los dispositivos de atención integral y territorial (refugios, asesorías, líneas de emergencia, equipos interdisciplinarios).
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Formación obligatoria en perspectiva de género para todos los niveles del Estado y fuerzas de seguridad.
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Presupuesto específico y sostenido para políticas de género y diversidad.
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Reforma judicial con perspectiva feminista y acceso real a la justicia para las víctimas.
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Articulación con organizaciones sociales y comunitarias que trabajan en el territorio y conocen de cerca las problemáticas.