La Cámara de Diputados convocó para este miércoles una sesión especial clave, con un temario explosivo para la Casa Rosada ya que puede asestar dos nuevos fuertes golpes a un gobierno que ya transita una crisis fulminante. Por un lado, se trataría la reforma para que los decretos de necesidad y urgencia presidenciales deban contar con la aprobación del Congreso para entrar en vigencia, y por otro lado se trataría la remoción de José Luis Espert como presidente de la Comisión de Presupuesto debido a los vínculos del diputado con el narcotraficante Fred Machado.
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En primer lugar, se debatirá la reforma de la ley que regula los decretos de necesidad y urgencia (DNU), una herramienta que viene utilizando Javier Milei de forma arbitraria e inconstitucional para gobernar, ya que la reglamentación actual que viene del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, le permite al Ejecutivo cambiar leyes sin pasar por el Congreso.
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La modificación propuesta, que ya cuenta con media sanción del Senado, elimina la llamada “sanción ficta”, que permite que un DNU tenga validez y vigencia automáticamente, a menos que el Congreso lo trate y rechace por ambas Cámaras. De aprobarse la reforma, cada decreto deberá ser votado en un plazo de 90 días corridos para ser vigente, y si una sola cámara lo rechaza será suficiente para que pierda vigencia. Esto implica un límite directo a la discrecionalidad presidencial, que amenaza con recortar una de las herramientas favoritas de Milei, pero que también utilizaron a su favor todos los gobiernos anteriores.
Los DNU, aunque están plasmados en la Constitución, como los vetos presidenciales, son mecanismos antidemocráticos que dan un poder concentrado a quien ocupe el Poder Ejecutivo. Al respecto, Christian Castillo, diputado nacional del Frente de Izquierda, explicaba en una entrevista reciente: “La ley actual que regula los DNU, que viene del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y que aplicaron todos los gobiernos sin modificar, hace más fácil aprobar un decreto que aprobar una ley. Es una barbaridad porque se ha abusado de esto, como el DNU 70/2023, que se utiliza aunque no aplicaba la ‘necesidad’ ni la ‘urgencia’, y no debería haber existido. Nosotros somos críticos de que exista la figura del DNU, y el sistema presidencialista argentino que le da poder de veto al presidente, son mecanismos completamente antidemocráticos”.
Para La Libertad Avanza, que hizo uso de los DNU y los vetos desde el primer día de forma cuasi monárquica, el escenario actual es crítico: viene de sufrir duras derrotas en el Congreso, donde fueron rechazados los vetos presidenciales a las leyes de emergencia en discapacidad, pediátrica y presupuesto universitario, gracias a la enorme movilización en las calles. Estos traspiés dejaron en evidencia la fragilidad política del oficialismo, incapaz de garantizar mayorías para impulsar o frenar proyectos, e incluso para defender sus propios vetos. Si Milei tuviera que condicionar los DNU a la aprobación del Congreso, la crisis de gobierno y del régimen político indudablemente se profundizaría aún más.
Además, en medio de la crisis financiera y económica, con Estados Unidos condicionando un eventual rescate en dólares a que el Gobierno muestre volumen político —tanto en las elecciones próximas como en sus alianzas para avanzar con nuevas reformas—, la aprobación de esta reforma a la ley de DNU sería una señal contundente de la decadencia político del gobierno libertario, que puede impactar de forma directa en la (in)estabilidad económica inmediatamente.
Pero el temario no se agota allí. Las bancadas opositoras también impulsan la remoción de José Luis Espert de la Comisión de Presupuesto, luego de que quedaran en evidencia sus vínculos con el empresario narco Fred Machado. La iniciativa cuenta con el respaldo de sectores diversos: kirchnerismo, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica, Desarrollo y Coherencia y el Frente de Izquierda. Si logran el quórum, la apuesta de máxima será votar su desplazamiento en la misma sesión, aunque necesitarán reunir los dos tercios ya que el proyecto no tiene dictamen previo.
El diputado Castillo el miércoles pasado intervino en la Comisión proponiendo su remoción, recordando que el bloque del Frente de Izquierda en su conjunto ya había solicitado su remoción en el 2024 por la irregularidad de su elección al frente, y el hostigamiento persistente incentivando el “Cárcel o bala” a los diputados que defendían el derecho a la manifestación.
La preocupación en Balcarce 50 es evidente. El presidente de la Cámara, Martín Menem, junto a ministros y operadores de primera línea, redoblaron las presiones sobre gobernadores y legisladores de la llamada “oposición dialoguista” para bloquear la sesión. En el oficialismo saben que una derrota en este terreno profundizaría la crisis política y dejaría expuesto al Gobierno en uno de sus puntos más débiles: el abuso de decretos para gobernar sin consenso.
Luego de estos proyectos, el temario también prevé interpelaciones sensibles que siguen golpeando en la línea de flote del gobierno: a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al ministro de Salud, Mario Lugones, por las denuncias de pagos irregulares en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), reveladas en audios del ex titular Diego Spagnuolo.
En un escenario donde el ajuste económico se combina con la fuga de dólares, la crisis de deuda y una seguidilla de derrotas políticas, la sesión de este miércoles puede marcar un nuevo quiebre. La reforma de los DNU y la posible caída de Espert en la Comisión de Presupuesto serían golpes directos a la autoridad del Ejecutivo. Un síntoma claro de la debilidad creciente de Milei, que ni siquiera logra contener la rebeldía dentro del propio Congreso.