A las tres de la mañana se votaron los tres cargos de la Auditoría General de la Nación, dejando en evidencia un acuerdo entre Unión por la Patria y La Libertad Avanza, dejando afuera al PRO de Cristian Ritondo, que protestó furioso. Esta votación no era parte del temario de la sesión pero la designación fue tan burda como premeditada, ya que los elegidos estaban preparados para tomar la jura y lo hicieron de madrugada. Estos puestos son altamente codiciados por sus sueldos, estructura y control de fondos y contratos.
Juan Ignacio Forlón, Mónica Almada y Pamela Calletti fueron designados con 186 votos a favor, tres abstenciones y varias ausencias de Provincias Unidas, el PRO y el Frente de Izquierda Unidad. Pero si los primero se enojaron por quedar fuera de la repartija, los diputados de izquierda se retiraron denunciando la maniobra. La escena dejó al desnudo el funcionamiento real del Congreso cuando se trata de cargos y privilegios
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Desde el Frente de Izquierda, Myriam Bregman fue una de las voces que denunció con mayor claridad el escándalo. “¿Ustedes no cantaban contra la casta?” increpó al bloque de Unión por la Patria que votó en su totalidad -incluidos referentes como Juan Grabois- junto a La Libertad Avanza. El silencio incómodo fue la respuesta más elocuente.
La denuncia no fue solo política, sino también procedimental. Los bloques que se retiraron advirtieron que la designación era irregular e ilegal, ya que no figuraba en el temario oficial. Para no legitimar el acuerdo entre bambalinas, dejaron que los espacios beneficiados se votaran a sí mismos, en soledad y de madrugada.
El episodio deja una postal difícil de disimular, mientras se ajusta a trabajadores y jubilados y se llena la boca hablando contra la “casta”, los acuerdos más clásicos de la vieja política siguen intactos. No se puede confiar en las y los legisladores del «toma y daca» para defender los derechos laborales, los glaciares y enfrentar todo el paquete de reformas de Milei. Hay que llenar las calles y que todo el arco opositor sepa que las mayorías populares los están mirando de cerca.
Los legisladores del PJ de Mendoza y Tierra del Fuego que vienen votando en sintonía con el gobierno de Javier Milei y con las posiciones de sus gobernadores comenzaron a ser cuestionados públicamente por amplios sectores sociales. En las últimas semanas, estas críticas derivaron en escraches y protestas frente a sus domicilios, en rechazo a su acompañamiento parlamentario a iniciativas oficiales como la megaminería y las salmoneras.
El creciente malestar social expresa una demanda de coherencia política y de responsabilidades concretas frente a las decisiones que se toman en el Congreso. En otras palabras, el acompañamiento a las políticas contra las mayorías populares tiene costos políticos. Los diputados y senadores que acompañen la reforma laboral y el ataque de la ley de glaciares no pasarán desapercibidos.
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