Durante los primeros dos años de gobierno de Javier Milei se registraron al menos 717 casos de conflictividad laboral a lo largo del territorio nacional, que afectaron principalmente al sector industrial (en particular al textil) y en segundo lugar al sector de servicio (vinculado con recreación y esparcimiento). El desencadenante principal de estos conflictos fueron los despidos y en mayor medida se dieron en pequeñas y medianas empresas (Pymes). Luego de las elecciones legislativas del año pasado se verificó un recrudecimiento de este fenómeno. Santa Fe figura como el segundo punto geográfico de conflictividad en Argentina.
Los datos se desprenden de un informe reciente del Centro de Economía Política Argentina (Cepa) donde se relevaron casos de conflictividad laboral entre enero 2024 y febrero 2026 tanto en el sector público como en el privado. En el período mencionado Argentina atravesó transformaciones macroeconómicas y productivas, caracterizadas por el ajuste fiscal, desregulaciones, apertura importadora y redefinición del rol del Estado (por solo nombrar algunas), lo que generó impactos directos sobre el nivel de actividad, empleo, salarios reales y la negociación colectiva.
De los 717 casos de conflictividad relevados, el sector más perjudicado fue la Industria con el 62,1%. Las ramas más afectadas fueron: textil, alimentos y la metalurgia y siderurgia, fundamentalmente como consecuencia de la apertura importadora.
El sector Servicios representó el 16,9% de los casos. Las actividades de Recreación y esparcimiento (Hotelería, Restaurantes, Bingos y Casinos), Transporte, Medios de comunicación y Sanidad fueron los de mayor alcance.
El sector Primario acumuló el 9.5% de los casos, donde la mayor afectación se dio en el sector de Hidrocarburos y Servicios Petroleros, el Pesquero, y la Minería. El Comercio representó el 8.2% de los casos, Supermercados fue el subsector más afectado. En tanto, la Construcción acumuló el 3,3% de los casos, siendo la obra privada la más afectada.
La principal razón de conflicto durante el período analizado fueron los despidos (63,6%). Vale recordar que entre noviembre de 2023 y octubre se perdieron 272.607 puestos de trabajo registrado (según datos de SRT). Le siguieron los Cierres de empresas (12,3%), las Suspensiones (10%), y las Crisis1 (7,8%).
Durante los primeros dos años (enero 2024 – febrero 2026) de gobierno de Milei, principalmente fueron las PYMES quienes sufrieron la mayor cantidad de los conflictos laborales (39,1%). Le siguieron los Conglomerados Extranjeros (27,3%) quienes en la gran mayoría de los casos comenzaron a importar en vez de continuar con la producción, o bien, despidieron personal ante la caída del consumo. Luego se encuentran las Empresas Grandes (Grande) que concentraron el 18,3%, los Grupos Económicos (GGEE) con el 11,9% y finalmente las Empresas Estatales que representaron el 3,5% de los conflictos laborales.
En cuanto a la distribución geográfica, gran parte de la zona centro del país acaparó el 48% de los casos de conflictividad laboral: Buenos Aires 25,8%, Santa Fe (10,5%), Córdoba (6%), CABA (5,7%) y Entre Ríos (3,3%). Cabe destacar que, por fuera de la zona centro del país, en el sexto lugar de mayor conflictividad se encuentran Tierra del Fuego (4,2%) seguido por Tucumán (3,3%).
Según el informe, desde la elección del 26 de octubre de 2025 los conflictos no se detuvieron, sino que se recrudecieron. Desde enero 2024 hasta septiembre 2025, se registraron 507 casos de conflictividad laboral (promediando 24 casos por mes). Sin embargo, luego de las elecciones se contabilizó un promedio de 42 casos por mes (210 desde las elecciones a febrero).
Casos testigo
El rubro textil es el más golpeado dentro de la Industria. Principalmente, la apertura importadora significó un duro golpe para las empresas locales, quienes se vieron afectadas por la competencia con plataformas como Shein y Temu. Del total de conflictos laborales relevados, el 23,6% corresponde a este sector industrial.
Entre los casos relevados aparece el conflicto en Dass. En enero de 2026 la empresa desvinculó a 43 trabajadores, reduciendo aún más su plantilla en un entorno de menor nivel de actividad productiva y caída de la demanda. La planta actualmente tiene personal limitado y su producción solo estaría garantizada hasta junio de este año, generando incertidumbre sobre la continuidad laboral de sus operarios y la viabilidad de la producción local.
La histórica empresa textil Emilio Alal, cerró de forma definitiva sus plantas ubicadas en Goya (Corrientes) y Villa Ángela (Chaco), dejando sin empleo directo a más de 260 trabajadores y afectando a numerosos empleos indirectos vinculados a proveedores y servicios locales.
En el capítulo metalúrgico e industrial aparece Acindar. Durante estos dos años se registraron varios períodos de paradas temporales de producción. En 2024, aplicaron 3 suspensiones: 1.700 en febrero, 3.000 en marzo y 460 en junio. Pero en 2025 dicha medida tuvo mayor frecuencia: 980 suspensiones en febrero, 130 en junio, 600 en julio, 600 en septiembre, 200 en octubre, y casi la totalidad de sus trabajadores en diciembre. Además, se efectuaron despidos en marzo 2024 (al menos 115), febrero 2025 (65 despidos luego de una asamblea), y en junio 2025 (130 trabajadores tercerizados).
La metalúrgica Fornax SRL, dedicada a la fabricación de cocinas y otros implementos gastronómicos con base en Rosario, anunció el cierre definitivo de sus actividades programado para el 31 de enero de 2026 ante una situación de crisis industrial que, según la empresa, haría inviable la continuidad operativa. Ofrecen abonar menos del 50 % de lo que legalmente corresponde en concepto de indemnizaciones a los trabajadores afectados.
Dentro del sector automotriz se destaca el caso de General Motors, que lleva adelante desde hace dos años un proceso de achicamiento. A fines de 2023 la fábrica empleaba más de 1.000 trabajadores, pero desde los primeros meses de 2024 en adelante comenzó con las cesantías: al menos 167 retiros voluntarios y 33 despidos en abril de 2024, y 309 despidos en febrero de 2025. A principios de noviembre de 2025 contaba con solo 600 operarios. Los últimos días del mes de noviembre se efectivizaron 90 despidos vía retiros voluntarios, consolidando en menos de dos años la reducción de la planta a la mitad el personal empleado.
Para este 2026, General Motors Argentina confirmó que mantendrá un esquema intermitente de producción en su planta de Alvear, que implica suspender la actividad una semana por mes durante todo el año. La decisión responde, según la propia empresa, a la necesidad de adecuar la actividad a la dinámica de demanda y de exportaciones en un mercado regional inestable
La industria alimenticia, en jaque
Otro de los subsectores más afectado durante los primeros dos años de la gestión de Milei es el de la industria alimenticia, presentando 82 casos de conflictividad de los relevados en el presente informe. Desde empresas familiares a las grandes productoras, todas se vieron perjudicadas por la apertura importadora y la creciente competencia con productos provenientes de distintos países que se encuentran en cualquier góndola.
Uno de esos casos es el de la histórica empresa santafesina Lácteos Verónica con plantas en Clason, Lehmann y Suardi, que atraviesa una crisis profunda que derivó en la paralización total de la producción y dejó en situación crítica a unos 700 trabajadores a comienzos del 2026. La firma arrastra deudas millonarias con bancos, proveedores y tamberos.
Por su parte, la avícola Granja Tres Arroyos protagonizó un conflicto laboral prolongado por deudas salariales acumuladas, que derivó en medidas de fuerza de sus trabajadores y tensiones operativas significativas. La protesta se centró en el reclamo por el incumplimiento en el pago de salarios, aguinaldos, horas extras y vacaciones
La producción de yerba mate en Misiones atraviesa una situación crítica que llevó a frenar la cosecha de hoja verde “hasta nuevo aviso”, como medida de protesta de los productores. La decisión se explica por los precios ofrecidos por la industria, que no alcanzan a cubrir los costos de producción, generando una fuerte pérdida de rentabilidad para pequeños y medianos yerbateros. La crisis impacta de manera directa en toda la cadena productiva: productores primarios, tareferos, secaderos y cooperativas, afectando el nivel de actividad y el empleo rural.
En tanto, la tradicional bodega Casa Montes, con presencia histórica en el Valle de Tulum (San Juan) y responsable de marcas como Ampakama, Fuego Negro, Alzamora, Baltazar y Casa Montes, se encuentra hundida en una crisis financiera. Casos similares son los de las bodegas Bianchi y Norton en Mendoza.