Un análisis sobre cómo los cambios en la Carta Magna provincial, que incluyen derechos a la salud, educación y protección digital, afectan directamente los derechos y obligaciones de los santafesinos.
La Constitución de la Provincia de Santa Fe, cuya reforma se debate para 2025, establece el marco de derechos y obligaciones que rigen la vida de todos los ciudadanos. Aunque a menudo se percibe como un tema distante, sus artículos definen aspectos fundamentales como el acceso a la salud, la educación, la vivienda y la seguridad.
El jurista Jorge Mosset Iturraspe, uno de los civilistas más prestigiosos del país, ha subrayado la necesidad de actualizar la Carta Magna de 1962. Entre los cambios propuestos se destacan la incorporación explícita de derechos digitales, científicos, de acceso al agua y de protección al consumidor.
En materia educativa, el artículo 37 establece el derecho a una educación gratuita, laica, universal e inclusiva, mientras que el artículo 38 reconoce el derecho a crear instituciones de gestión privada y la elección familiar según sus convicciones.
Uno de los avances más significativos es el reconocimiento del derecho a la salud integral como un derecho subjetivo, abarcando dimensiones físicas, mentales y sociales. La nueva redacción promueve un equilibrio entre los actores del sistema público, privado y de obras sociales para optimizar recursos.
No obstante, persisten desafíos en la implementación de leyes complementarias, como la Ley 13.537/16 que establece la toma del reflejo rojo pupilar en neonatos para prevenir la ceguera evitable, sancionada hace una década.
La reforma constitucional busca acercar el texto legal a las necesidades actuales de los santafesinos, aunque su efectividad dependerá de la aplicación concreta de sus principios en las políticas públicas.