Un organismo nacional integrado por fiscales alertó sobre la distorsión de datos al hablar de ‘denuncias falsas masivas’. En Santa Fe, las denuncias por delitos contra la integridad sexual aumentaron un 31% en 2025, aunque la mayoría de los casos no llegan a condena.
El Observatorio de Violencia de Género de los Ministerios Públicos, integrado por fiscales y funcionarios de todo el país, expresó su preocupación por la creciente circulación de discursos que sostienen la existencia de una supuesta «masividad de denuncias falsas» en casos de violencia de género y delitos contra la integridad sexual.
El organismo alertó además sobre proyectos legislativos que, basados en ese diagnóstico, podrían derivar en restricciones al acceso a la justicia para las víctimas, especialmente mujeres. Uno de los ejes centrales del pronunciamiento apunta a una confusión frecuente: no toda denuncia que no termina en condena es falsa.
Según explicaron, decisiones judiciales como el archivo de una causa, su desestimación o incluso una absolución pueden responder a distintos factores propios del proceso penal, como la falta de pruebas suficientes, dificultades en la investigación o la aplicación del principio de inocencia. Equiparar estos resultados con la falsedad de la denuncia, señalaron, constituye «un error conceptual y jurídico».
En ese contexto, los indicadores del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe aportan evidencia concreta para el debate. Según el informe presentado por María Cecilia Vranicich, jefa de los fiscales, en la Legislatura la semana pasada, durante 2025 se registraron 4.984 ingresos por delitos contra la integridad sexual en la provincia de Santa Fe, lo que representa un aumento del 31% respecto de 2024.
De ese total, 3.683 casos avanzaron a investigación penal preparatoria. Sin embargo, solo 354 terminaron en condena (7,1%), mientras que 4.070 fueron desestimados o archivados (81,7 %), más del doble que el año anterior. Según los estándares del sistema penal, estos datos reflejan las dificultades probatorias, los tiempos de investigación y la aplicación del principio de inocencia.
La Fiscalía Regional 2, con sede en Rosario, concentró: 2.601 ingresos (más de la mitad del total provincial), 2.015 investigaciones abiertas y 2.087 audiencias realizadas. En términos de condenas, también lidera la estadística: 43% de las condenas en juicios orales y 61,2% de las condenas mediante procedimientos abreviados. A la vez, acumuló 2.251 archivos y desestimaciones.
El Observatorio remarcó que la figura de «denuncia falsa» tiene una definición legal estricta: implica la comprobación de que una persona denunció deliberadamente un hecho inexistente. Este tipo de situaciones, indicaron, es estadísticamente marginal, de acuerdo con estudios empíricos tanto a nivel nacional como internacional.
En contraste, distintas investigaciones muestran que los delitos sexuales y las violencias de género presentan altos niveles de subregistro, es decir, una gran cantidad de casos que nunca llegan a denunciarse. Entre los factores que explican ese subregistro, el organismo enumeró el miedo, la dependencia económica, la estigmatización social y la revictimización institucional.
En ese sentido, advirtieron que la difusión de la idea de denuncias falsas generalizadas puede tener efectos concretos, como desalentar a las víctimas a acudir a la justicia, reforzar estereotipos de género y debilitar la credibilidad de quienes denuncian.
El pronunciamiento también pone el foco en iniciativas legislativas que parten de lo que consideran diagnósticos erróneos. Según el Observatorio, estas propuestas podrían introducir nuevos obstáculos para el acceso a la justicia y entrar en tensión con estándares internacionales.
Finalmente, el organismo reafirmó su compromiso con una política criminal sustentada en evidencia, el respeto por las garantías del debido proceso y la protección de los derechos de las víctimas.