Mientras se mantiene el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, el Ejecutivo dispuso un incremento salarial por debajo de la inflación, generando críticas de gremios y universidades.
El Gobierno nacional estableció, sin consulta previa con los gremios del sector, un aumento salarial del 1,7% para docentes y no docentes universitarios correspondiente al mes de abril. Esta cifra se sitúa por debajo de la inflación oficial de marzo, que fue del 36,4%, lo que implica una nueva pérdida de poder adquisitivo para los trabajadores.
La medida fue comunicada mediante un instructivo de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, eludiendo el mecanismo de negociación paritaria establecido por ley. La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) calificó la decisión como «inconsulta» y señaló que el porcentaje está «muy por debajo del índice inflacionario».
El conflicto se enmarca en el incumplimiento por parte del Poder Ejecutivo de la Ley de Financiamiento Universitario 27.795, que obliga a convocar paritarias, recomponer salarios y garantizar actualizaciones periódicas acordes a la inflación. El Frente Sindical de las Universidades Nacionales advirtió que esta obligación «se encuentra vencida e incumplida».
En el ámbito judicial, la Cámara Contencioso Administrativo Federal ordenó el cumplimiento inmediato de los artículos de la ley que establecen la actualización salarial. A pocas horas de vencer el plazo para transferir fondos a las universidades, la Procuración del Tesoro presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema, lo que implica una nueva dilación tanto en la transferencia de recursos como en la recomposición salarial.
Desde la Universidad Nacional de Rosario (UNR) se consideró que esta acción «constituye una estrategia dilatoria que busca postergar el cumplimiento efectivo de la ley y vulnera los derechos de quienes integran la comunidad universitaria».
Los gremios estiman que la pérdida salarial acumula 17 meses consecutivos, con una caída de 35 puntos respecto de la inflación en 2023. En términos acumulados, el retroceso alcanzaría los 141 puntos. Por su parte, el Consejo Interuniversitario Nacional agregó que los fondos para gastos operativos registran un recorte cercano al 45% en los últimos dos años, lo que limita actividades académicas, de investigación y extensión.
Ante esta situación, rectores, gremios y estudiantes anticiparon una nueva Marcha Federal para visibilizar el conflicto y defender la universidad pública.