Docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Rosario cuestionaron el proyecto oficial que modifica la ley nacional de salud mental, al considerar que el problema central es la falta de inversión y la precariedad del sistema, no la normativa actual.
La reforma de la ley nacional de salud mental propuesta por el gobierno nacional generó debate en el ámbito académico y profesional de Rosario. Especialistas y docentes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) reclamaron la plena aplicación de la ley vigente y advirtieron que la realidad del sistema es la contracara de los cambios impulsados en el Congreso.
El Ejecutivo nacional presentó un proyecto que modifica el concepto de «padecimiento mental» por «trastorno mental», fortalece el rol del psiquiatra en las internaciones, habilita instituciones monovalentes (conocidas como manicomios) y revisa los criterios de «internación involuntaria», en contraposición a lo establecido por la normativa sancionada en 2010.
Ignacio Saenz, director del Observatorio de Salud Mental y Adicciones (Osma) de la UNR, señaló que «la ley vigente no es el problema» y que «constituye una de las normativas más avanzadas en materia de salud mental en la región, al haber consolidado un enfoque basado en derechos humanos, interdisciplina y atención comunitaria». Además, recordó que el sistema de salud mental no alcanzó el piso presupuestario del 10% del total de salud establecido por la propia ley, lo que impacta en la posibilidad de desarrollar dispositivos comunitarios y garantizar accesibilidad a la atención.
Quince provincias argentinas coinciden en respaldar la ley vigente y advierten que la reforma no aborda el problema central del sistema, particularmente en lo referido al financiamiento, la falta de dispositivos territoriales y la insuficiencia de recursos humanos.
Desde la Facultad de Psicología de la UNR, la psicóloga y docente Paula Sagué alertó que las modificaciones «desnaturalizan el concepto de interdisciplina, transformándolo en una estructura jerárquica que debilita la horizontalidad de saberes». A su vez, señaló que la exigencia de incorporar de manera obligatoria la figura del psiquiatra en todos los equipos «plantea esta obligatoriedad como una garantía de calidad en la atención, pero facilita la internación y debilita las garantías».
Los especialistas coincidieron en que la crisis de salud mental actual, reflejada en indicadores de suicidios, consumos problemáticos y violencia, requiere inversión y un sistema que funcione, y no un cambio de paradigma que, según advierten, altera el equilibrio interdisciplinario y desplaza el eje hacia una lógica centrada en la autoridad médica y el riesgo.