El periodista Fernando Ojeda fue detenido durante siete horas en Margarita Belén luego de acercarse al gobernador Leandro Zdero para consultarle sobre la falta de agua potable en la localidad. Las autoridades alegaron violación del perímetro de seguridad, mientras que el jefe policial negó que el arresto estuviera vinculado a la labor de prensa.
Un episodio que involucra a un periodista y a autoridades provinciales ocurrió en la localidad chaqueña de Margarita Belén, cuando el trabajador de prensa Fernando Ojeda fue detenido por siete horas tras intentar formular una pregunta al gobernador de Chaco, Leandro Zdero, durante una visita oficial al Club San Martín.
Según información difundida por el portal Litigio, Ojeda, del medio TV Local, se acercó al mandatario para preguntarle sobre la deficiente provisión de agua potable en la zona. El gobernador no respondió y calificó al cronista como “militante kirchnerista”, continuando su recorrido. Minutos después, efectivos policiales detuvieron al periodista bajo una acusación de “promover desorden” y “violar el perímetro de seguridad”.
La Policía del Chaco emitió un comunicado en el que justificó el arresto señalando que el ciudadano intentó violar el perímetro de seguridad y luego pretendió darse a la fuga. La causa fue encuadrada bajo el artículo 60 del Código de Faltas provincial. Sin embargo, el jefe de la fuerza, Fernando Romero, declaró a los medios que el arresto no estuvo vinculado a la labor de prensa ni a la seguridad del gobernador, sino a un supuesto “entredicho” e insultos hacia el personal de seguridad, y afirmó desconocer que el detenido era periodista.
El juez de Paz de Margarita Belén, José Luis Pontón, ratificó el procedimiento y mantuvo detenido a Ojeda hasta la una de la madrugada. En diálogo con Litigio, Pontón reconoció que no tomó contacto directo con el cronista ni constató su estado de salud, y que su decisión se basó exclusivamente en la versión policial. El magistrado indicó que se le informó de un aparente disturbio, y que finalmente ordenó la libertad de Ojeda al considerar que no había motivos para una prisión preventiva.
El hecho generó preocupación en el ámbito periodístico regional por el uso de figuras contravencionales como la “violación de perímetros” para restringir el acceso de trabajadores de prensa a funcionarios públicos.