La Justicia investiga presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. Documentos y mensajes vinculan a un lobista con pagos que coinciden con certificados del organismo.
La investigación judicial por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) incorporó nuevas pruebas que indican que intermediarios se quedaban con hasta el 20% de las compras del organismo, según información publicada por el diario La Nación. El dato surge de certificados de pago, anotaciones y mensajes hallados en el expediente.
El 30 de junio de 2025, la Andis emitió dos certificados de pago a nombre de Artrobone Ortopedia S.A. por 17 millones y 16 millones de pesos. Ocho días después, la titular de esa empresa envió a Miguel Ángel Calvete, que no tenía cargo público ni relación formal con la firma, una tabla con las mismas cifras y una línea que indicaba “Miguel $6.600.000″, equivalente al 20% del total. La Justicia detectó coincidencias entre las compras del organismo y los registros de Calvete.
El exdirector de Acceso a los Servicios de Salud de la Andis, Daniel Garbellini, envió a Calvete un mensaje con el texto “Sus ofrendas de esta semana”, acompañado de una tabla de 10 contratistas por un total de 2021 millones de pesos. Ese mismo día, 24 de julio de 2025, el organismo emitió 16 certificados de pago a las mismas empresas por idéntica suma.
Tres de esas compañías aparecen también en un documento interno del Ministerio de Salud que detectó presuntos sobreprecios de hasta 4239% en la compra de sillas de ruedas, andadores y prótesis. Entre ellas figura Artrobone.
La causa está a cargo del juez Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi. El fiscal describió a Calvete como “permanente engranaje entre ANDIS y las firmas, cobrando por ello entre un 12% y un 20% de las adjudicaciones”.
La defensa del extitular de la Andis, Diego Spagnuolo, negó su participación. “No conocía a los proveedores ni mantuvo conversaciones con ellos. No designó a los empleados que manejaban licitaciones ni usaron sus claves”, indicó su abogado Mauricio D’Alessandro.
El abogado de Garbellini dijo que prepara un descargo. La defensa de Calvete recordó que su asistido se negó a declarar mientras espera resultados periciales. La Nación intentó contactar a la titular de Artrobone sin éxito.
En otro mensaje, la pareja de Calvete, Guadalupe Muñoz, le envió una foto con una tabla que incluía “Silla” y montos por 115 millones de pesos, más una fila que decía “Miguel 20%” y “$23.000.000″. La Justicia corroboró que se trataba de compras de sillas a la firma Expo Trauma S.A., que también aparece en el listado de “ofrendas” con 400,7 millones de pesos. El Ministerio de Salud señaló que el precio de esas sillas superaba en 535% el de referencia de mercado.
La Nación intentó contactar a Expo Trauma en su domicilio fiscal y en un domicilio operativo en Haedo, pero no encontró la dirección indicada.
El presidente de Neurosalud, Fabián Piedimonte, intercambió mensajes con Calvete. El 30 de junio de 2025, Calvete le envió “403.270.000. – mañana”. Al día siguiente, la Andis emitió un certificado de pago a favor de la empresa por ese monto. Dos semanas antes, Calvete le envió un audio en el que decía: “Creo que la semana que viene sale una liquidación, hacemos como siempre, llevalo ahí a lo de los chicos”. La Nación no obtuvo respuesta de Piedimonte.
Ortopedia Bernat, otra empresa del listado, aparece con certificados por 308 millones de pesos. La Justicia investiga facturas entre Ortopedia Bernat e Indecomm, empresa de la que Calvete fue socio. Un mensaje de Calvete a su secretaria decía: “Lo facturas a Bernat porfa…!!”, acompañado de una foto con cifras que sumaban 29.999.480 pesos, y una línea con “FC a Bernat” y 5.849.740 pesos, el 19,6% de esa suma. Ese mismo día, la secretaria le envió una factura de Indecomm a Ortopedia Bernat por ese importe, por “Camas ortoped. reacond”. El fiscal Picardi sostuvo que no se halló documentación que respalde la existencia o refacción de dichas camas.
Ortopedia Bernat declaró a La Nación: “No participamos en ningún circuito de coimas a funcionarios”. Sobre el presunto sobreprecio del 4239%, indicaron que el valor se ajusta al costo del equipamiento y que aún no recibieron el pago.
Indecomm también emitió facturas por 159 millones de pesos a Prolite Orthopedics, otra empresa del listado. El fiscal Picardi cuestionó una supuesta desproporción entre precios y servicio, y afirmó que la facturación “no respondía a una operación comercial genuina”. El representante de Prolite, Christian Sagues, negó contactos con funcionarios y reconoció vínculo con Calvete como gestor comercial, afirmando que le pagaron comisiones documentadas.
En total, fueron llamadas a indagatoria 49 personas. Muchas de ellas piden la nulidad de la causa y cuestionan el origen de los audios atribuidos a Spagnuolo. El juez Lijo ordenó un peritaje de esas grabaciones.