La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba dictaminó que la vacuna Sputnik V fue la causa de la muerte de Melina Agustina Sartori, de 24 años, ocurrida en julio de 2021 tras un cuadro de trombosis con trombocitopenia.
La Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba determinó que existió un nexo causal entre la aplicación de la primera dosis de la vacuna Sputnik V y la muerte de Melina Agustina Sartori, ocurrida el 29 de julio de 2021. El fallo, dictado a favor de María Virginia Ruiz, madre de la víctima, ordenó al Ministerio de Salud de la Nación completar en un plazo de 30 días el trámite previsto en la ley 27.573, que crea el Fondo de Reparación Covid-19.
La norma establece una indemnización equivalente a 240 jubilaciones mínimas, aproximadamente 95 millones de pesos. El tribunal concluyó que el caso encuadra «plenamente» dentro de los supuestos indemnizables de la legislación vigente.
Según la reconstrucción judicial, Sartori recibió la primera dosis de la Sputnik V el 15 de julio de 2021 en el Orfeo Superdomo de la ciudad de Córdoba. Seis días después comenzó con cefaleas intensas y vómitos, fue internada de urgencia y se le diagnosticó síndrome de trombosis con trombocitopenia (STT), una reacción asociada a vacunas de vector adenoviral. El cuadro derivó en un deterioro neurológico irreversible y su fallecimiento dos semanas después de la vacunación.
La sentencia sostuvo que la evidencia científica presentada «satisface holgadamente el umbral de preponderancia de la evidencia» exigido por la normativa. Los jueces Liliana Navarro, Graciela Montesi y Eduardo Ávalos señalaron que la ley no exige certeza absoluta, sino pruebas suficientes para establecer la relación causal.
Inicialmente, la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas (Conaseva) clasificó el caso como «Indeterminado B1», reconociendo una relación temporal pero sin evidencia concluyente. La Superintendencia de Riesgos del Trabajo rechazó el reclamo administrativo de la familia. Sin embargo, en 2024, Conaseva revisó el caso a partir de nueva evidencia científica internacional y lo reclasificó como «Relacionado A1», reconociendo oficialmente la relación entre la vacuna y el fallecimiento.
Martín Barbará, abogado de María Virginia Ruiz, afirmó que se trató de un «proceso novedoso» sin antecedentes en Argentina y que este es el primer fallo judicial contra el Estado por consecuencias derivadas de vacunas aplicadas durante la pandemia.