El Ministerio de Seguridad de Santa Fe informó que se tramitan 39 expedientes por falsas amenazas en escuelas y que se registró el primer pago voluntario de una familia.
El Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe informó que ya se tramitan 39 expedientes administrativos vinculados a falsas amenazas en establecimientos educativos y que se concretó el primer pago voluntario por parte de una familia. El pico de amenazas diarias, que llegó a 90, se redujo a cero en las últimas jornadas, según fuentes oficiales.
De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) remite las actuaciones penales relacionadas con amenazas. Luego, el área legal y técnica de la cartera de Seguridad confecciona los expedientes administrativos, que son notificados por personal policial a las familias. “Ellos le pasan al área legal y técnica la información, nosotros armamos el expediente y lo pasamos a la Policía para que notifiquen”, señalaron desde el Ministerio.
Hasta el momento, se tramitaron 39 expedientes, aunque cada uno puede contener más de una notificación. “A los padres separados se les notifica a cada uno y algunas personas reciben más de una notificación porque el nene o la nena lo hizo varias veces”, explicaron las fuentes.
En paralelo, desde la cartera indicaron que el número de amenazas registró una baja significativa. “El pico llegó a casi 90 en una jornada. Pero hace unos días que está en cero”, aseguraron.
El primer pago voluntario corresponde a una familia de una localidad del centro-norte santafesino, integrada por una pareja separada. El monto total supera los 2 millones de pesos. “Hubo un pago voluntario. Vino la mamá y pagó la mitad y el papá tenía que pagar la otra mitad”, indicaron desde el Ministerio. La Provincia sostiene que se trata de un resarcimiento económico por los costos generados por los operativos policiales, no de una sanción penal.
Mientras avanzan las notificaciones, comenzaron los cuestionamientos legales por parte de abogados patrocinantes de algunas familias intimadas. Según trascendió, algunas defensas sostienen que los hechos denunciados no encuadran necesariamente en el delito de amenazas, ya que este tipo penal requiere condiciones específicas como la existencia de un daño concreto, una persona determinada y un contexto real de coerción. El eje central de la discusión jurídica pasa por la posibilidad de que el Estado exija el pago sin intervención judicial previa. Desde algunas defensas argumentan que la responsabilidad penal es personal e intransferible, por lo que no podría recaer sobre los padres, mientras que la eventual responsabilidad civil sí podría trasladarse, pero mediante una sentencia judicial previa.
Frente a esos planteos, desde el Ministerio de Seguridad ratificaron que continuarán con la vía administrativa. La estrategia oficial busca recuperar los costos generados por los operativos de evacuación y despliegue policial que demandan las amenazas en escuelas.