La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) rechazó las recomendaciones tributarias del Fondo Monetario Internacional (FMI) y planteó una reforma fiscal que aborde los tributos provinciales y municipales.
Las recomendaciones tributarias difundidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la Argentina abrieron un nuevo frente de debate entre el organismo internacional y el sector productivo. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) rechazó el documento publicado el pasado 26 de mayo y cuestionó que las propuestas estén orientadas a ampliar la presión fiscal sobre trabajadores, pequeños contribuyentes y consumidores.
La entidad advirtió que las recomendaciones del organismo internacional impactarían sobre trabajadores, monotributistas y consumidores, mientras dejan intactos los impuestos que, según sostiene, afectan la producción y la inversión.
El informe elaborado por el FMI plantea ampliar la base imponible del Impuesto a las Ganancias para los trabajadores alcanzados por la cuarta categoría, extender el alcance del IVA a bienes y servicios actualmente exentos y modificar el régimen del Monotributo mediante la actualización de categorías y parámetros.
Desde la entidad empresaria sostuvieron que estas iniciativas tienen un efecto regresivo porque trasladan el peso de la recaudación hacia los sectores de ingresos medios y bajos, sin abordar los tributos que consideran más perjudiciales para la producción, la inversión y la generación de empleo formal.
Según CAME, las propuestas del organismo internacional dejan fuera del debate a los impuestos provinciales y municipales que impactan de manera directa sobre la actividad económica, especialmente el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y las tasas locales que gravan distintas actividades comerciales y productivas.
El foco puesto en los impuestos provinciales
Para la organización empresaria, el principal problema tributario de la Argentina se encuentra en el sistema fiscal subnacional. Allí identifican una superposición de tributos provinciales y municipales que, en conjunto, representan entre el 2% y el 6% de la facturación bruta de una empresa, independientemente de si obtiene ganancias o no.
La entidad explicó que Ingresos Brutos opera como un impuesto en cascada, ya que se aplica en cada etapa de la cadena de producción y comercialización. Esto provoca que el costo tributario se acumule progresivamente hasta llegar al consumidor final.
A ese esquema se suman las tasas municipales vinculadas a seguridad e higiene, habilitaciones comerciales, inmuebles y otros conceptos que, según CAME, en numerosos casos no guardan relación directa con los servicios efectivamente prestados por los gobiernos locales.
Desde la organización señalaron que esta estructura genera distorsiones económicas que afectan especialmente a las pequeñas y medianas empresas, reduciendo márgenes de rentabilidad y limitando la capacidad de inversión.
Los saldos a favor, una de las mayores críticas
Uno de los aspectos más cuestionados por la entidad es el funcionamiento de los regímenes de retención y percepción que aplican las provincias.
Según explicaron, las empresas suelen pagar anticipadamente montos superiores a los que finalmente les corresponde tributar. Como consecuencia, se generan saldos a favor que permanecen inmovilizados durante largos períodos.
CAME advirtió que las devoluciones pueden demorar entre uno y tres años en algunas jurisdicciones, lo que convierte esos fondos en una especie de financiamiento involuntario para los fiscos provinciales.
La entidad sostuvo que, en contextos de alta inflación, esos recursos pierden valor de manera significativa antes de ser recuperados por los contribuyentes, generando un perjuicio financiero adicional para las empresas.
No obstante, reconocieron que algunas administraciones, entre ellas Santa Fe y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, implementaron mecanismos de devolución más ágiles para determinados montos.
La propuesta de un nuevo consenso fiscal
Frente a este escenario, CAME propuso avanzar en un nuevo consenso fiscal que involucre al Gobierno nacional, las provincias y los municipios.
La iniciativa apunta a establecer reglas comunes para la determinación de bases imponibles, los sistemas de retención y percepción y los mecanismos de devolución de saldos a favor.
Además, la organización plantea revisar el esquema de Ingresos Brutos para que deje de aplicarse en las etapas intermedias de la producción y se concentre únicamente en la venta final al consumidor, reduciendo así el efecto cascada que actualmente encarece los costos productivos.
La entidad considera que una reforma de estas características permitiría mejorar la competitividad de las empresas sin comprometer los recursos fiscales de las provincias.
El impacto sobre el consumo y el empleo
En su análisis, CAME sostuvo que aumentar la carga tributaria sobre salarios, monotributistas y consumo no resolverá los problemas estructurales de la economía argentina.
Por el contrario, advirtió que una mayor presión sobre esos sectores podría reducir el poder adquisitivo, afectar la demanda interna y disminuir el nivel de actividad económica.
La entidad insistió en que el debate tributario debe centrarse en los impuestos que inciden directamente sobre los costos de producción y la competitividad empresarial.
Según señalaron, cualquier reforma orientada exclusivamente a incrementar la recaudación sobre trabajadores y consumidores corre el riesgo de profundizar las dificultades que enfrenta el sector productivo en un contexto de desaceleración económica.