La experta en ciberseguridad Soledad Martínez analizó los peligros para creadores y consumidores en plataformas como OnlyFans, destacó el vacío legal y el avance de la Ley Belén, y detalló el escenario en la provincia de Santa Fe.
El avance de la digitalización transformó la cotidianeidad: se consumen productos, se estudia, se trabaja y se forjan vínculos a través de pantallas. En ese ecosistema, las plataformas de micromecenazgo y contenidos para adultos como OnlyFans, DivasPlay o FanList se convirtieron en una fuente de ingresos para miles de personas anónimas. Sin embargo, este fenómeno conlleva riesgos de ciberseguridad, daños a la salud mental y desprotección legal.
En diálogo con este medio, la especialista en ciberseguridad Soledad Martínez desarmó los mitos del resguardo digital y analizó el impacto a nivel nacional y en la provincia de Santa Fe.
El mito del control y el peligro de las filtraciones
Según detalló la organización PantallasAmigas, OnlyFans nació como una plataforma de financiación basada en pequeñas aportaciones económicas. Aunque admite todo tipo de contenidos, se volvió popular por su material para adultos. Para los usuarios, el ingreso es sencillo; para las creadoras, el inicio requiere una verificación estricta que incluye una fotografía con el DNI y una cuenta bancaria coincidente. No obstante, una vez dentro, las barreras de protección técnica son frágiles.
Uno de los mayores problemas para quienes producen este material es la filtración de sus contenidos. Aunque las plataformas prohíben la descarga y difusión no autorizada, las medidas de bloqueo son ineficaces ante capturas externas o grabaciones de pantalla. «Las plataformas tienen políticas de privacidad y resguardo, pero eso no garantiza que, si yo vendo contenido a una persona, esa persona no lo revenda o lo haga circular», advirtió Martínez. A esto se suman ataques informáticos masivos que expusieron miles de videos y fotografías privadas.
De la Ley Olimpia a la Ley Belén
La Ley de Protección de Datos Personales de Argentina data del año 2000, por lo que quedó obsoleta. La sanción de la Ley Olimpia (Ley N° 27.736) incorporó la violencia digital como una modalidad dentro de la Ley de Protección Integral a las Mujeres, pero la difusión no consentida de imágenes sexuales continuó sin estar tipificada como delito en el Código Penal.
Para saldar esa deuda, el Congreso impulsó el proyecto de la «Ley Belén», en homenaje a Belén San Román, una joven madre bonaerense inducida al suicidio en diciembre de 2020 tras sufrir extorsión y viralización de su contenido íntimo. El proyecto propuso modificaciones en el Código Penal para castigar la cadena de viralización y acoso digital: cyberflashing (multas de 600.000 a 4.000.000 de pesos), difusión no consentida (pena de prisión de 3 meses a 3 años), porn deep fake e IA (pena de 8 meses a 1 año), sextorsión (pena de 3 a 8 años) y agravantes por violencia de género (aumento de un tercio).
El escenario en Santa Fe
Mientras la reforma federal espera resolución, la provincia de Santa Fe se posicionó a la vanguardia legislativa. «Desde diciembre de 2024, con la sanción de la Ley 14.297, conocida como Ley Chachi Telesco, la difusión no consentida de imágenes pasó a considerarse una contravención dentro del ámbito de violencia de género», explicó Martínez. La normativa incorporó al Código de Convivencia provincial conductas como el doxing, la suplantación de identidad digital, el ciberacoso y la estigmatización por género. Las sanciones se agravan cuando las víctimas son niños, niñas, adolescentes, adultos mayores o minorías y disidencias sexuales.
Menores en la red, riesgos financieros y canales de denuncia
Aunque OnlyFans exige ser mayor de 18 años, los mecanismos de verificación de edad son burlados con facilidad. «He estado en charlas escolares donde una nena de 12 o 13 años contó que se había creado una cuenta en OnlyFans por curiosidad», relató Martínez. Para los consumidores, los peligros incluyen hackeos masivos de bases de datos que comprometen tarjetas de crédito y datos bancarios, y la proliferación de sitios de phishing. Frente a una situación de filtración, acoso o extorsión digital, la preservación de la evidencia es indispensable. En Santa Fe, las denuncias pueden radicarse en los Centros Territoriales de Denuncia, dependencias policiales, a través del 911 o en la página web del Ministerio Público de la Acusación (MPA).