A los 91 años falleció el ex teniente coronel del Ejército, condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad.
A los 91 años murió Pascual Oscar Guerrieri, uno de los máximos responsables del aparato represivo que actuó en el sur de Santa Fe durante la última dictadura cívico-militar. El ex teniente coronel del Ejército falleció el domingo 5 de julio mientras cumplía prisión domiciliaria, tras haber recibido múltiples condenas a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad.
Su apellido quedó ligado al primer gran juicio por crímenes de lesa humanidad realizado en Rosario, conocido como la megacausa Guerrieri, que permitió reconstruir el funcionamiento del circuito represivo coordinado por el Destacamento de Inteligencia 121 y exponer la estructura de secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones que operó bajo la órbita del II Cuerpo de Ejército.
Guerrieri se desempeñó como segundo jefe del Destacamento de Inteligencia 121 e integró el Batallón de Inteligencia 601. Desde esos cargos tuvo un rol en la planificación y ejecución del terrorismo de Estado en Rosario y el Gran Rosario, coordinando grupos de tareas y operativos de persecución política contra militantes, trabajadores, estudiantes y dirigentes sociales.
Las investigaciones judiciales determinaron su responsabilidad en el funcionamiento de varios centros clandestinos de detención, entre ellos la Quinta de Funes, La Calamita, La Intermedia, la Escuela Magnasco y la ex Casa Salesiana Ceferino Namuncurá, espacios donde cientos de personas fueron privadas ilegalmente de la libertad, sometidas a torturas y, en muchos casos, permanecen desaparecidas.
A pesar de las numerosas condenas dictadas por la Justicia, Guerrieri nunca brindó información sobre el destino de las víctimas del terrorismo de Estado. Hasta el final de su vida sostuvo el pacto de silencio entre los represores y no manifestó arrepentimiento por los crímenes por los que fue juzgado y condenado.
Su fallecimiento pone fin a la vida de uno de los principales ejecutores del plan represivo en la región, pero deja abiertas las demandas de los organismos de derechos humanos y de las familias de las víctimas, que continúan reclamando verdad sobre el destino de las personas desaparecidas y el avance de los procesos de memoria, verdad y justicia.