El Poder Ejecutivo Nacional ingresó el 22 de abril un proyecto de ley de reforma electoral integral que propone eliminar las PASO, modificar el financiamiento de campañas y aumentar los requisitos para partidos políticos.
El 22 de abril ingresó al Senado Nacional el Proyecto de Ley de Reforma Electoral Integral (Mensaje 110/26) enviado por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN). Se trata del tercer intento del gobierno nacional por modificar el régimen electoral. El primero fue en el marco de la Ley de Bases, ingresada al Congreso en diciembre de 2023 y aprobada con cambios en 2024. El segundo ocurrió ese mismo año, cuando el PEN impulsó la eliminación de las PASO y logró su suspensión transitoria para 2025.
El proyecto, firmado por el presidente Javier Milei, el entonces jefe de Gabinete Manuel Adorni y su actual reemplazante Diego Santilli, sostiene que “busca fortalecer la democracia, aumentar la representatividad, transparentar el régimen de financiamiento de los partidos políticos y establecer un marco suficiente que asegure de forma efectiva el ejercicio de derechos electorales por parte de los argentinos”.
La iniciativa se basa en seis ejes: reforma del Régimen de Partidos Políticos; reforma de la Ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral; modificación del sistema de financiamiento de los partidos políticos; reforma del régimen de elección de Parlamentarios del Mercosur; adecuación del régimen de simultaneidad de elecciones nacionales y provinciales; e incorporación del Régimen de Ficha Limpia.
En el país existen 45 partidos con reconocimiento jurídico nacional y 714 partidos de distrito. El proyecto propone aumentar los requisitos para el reconocimiento partidario: eleva el piso de votos al 3%, duplica los avales requeridos y exige presencia en un mínimo de 10 distritos para ser reconocido como nacional (actualmente se requiere un mínimo de 5 distritos y 2% de los votos en dos elecciones sucesivas).
En materia electoral, se propone la derogación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), vigentes desde 2011. Cada partido o alianza definiría la selección de candidaturas de manera interna según su carta orgánica. Además, se introducen cambios a la Boleta Única de Papel (BUP), sancionada el 1° de octubre de 2024 y utilizada en las legislativas de 2025, con modificaciones en su formato y la inclusión de casillero en blanco y opciones de voto por lista completa.
En cuanto al financiamiento, el proyecto habilita y legaliza los aportes de empresas y personas jurídicas, y elimina algunos aportes estatales. Respecto a la Ficha Limpia, se incorpora la inhabilitación para candidatos con condena en segunda instancia por delitos dolosos, así como restricciones para personas con procesamiento por genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, entre otros.
Sobre los debates presidenciales, el proyecto suprime las penalidades y la obligatoriedad de asistencia, y elimina el mandato de la Cámara Nacional Electoral para organizarlos, dejando su realización a carácter optativo y de negociación privada entre los equipos de campaña.
El debate comenzará en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado. Desde distintos sectores se recomendó habilitar un debate amplio que incluya a referentes partidarios, organizaciones de la sociedad civil y especialistas en temas electorales.