El Tribunal Oral Federal N°4 determinó el lunes la fecha para leer el fallo en la causa que investiga presuntos sobreprecios y coimas en la adjudicación de la ampliación de gasoductos en 2004. Entre los acusados figuran el exministro Julio De Vido y el exsecretario José López, ambos detenidos.
El Tribunal Oral Federal N°4 (TOF N°4) fijó este lunes la fecha para dar a conocer la sentencia en el caso Skanska, la primera causa judicial por supuesta corrupción vinculada al gobierno de Néstor Kirchner. El caso se refiere a presuntos sobreprecios y pagos de coimas en la adjudicación de una obra de ampliación de gasoductos en 2004.
Los principales acusados son el exministro de Planificación Julio De Vido y el exsecretario de Obras Públicas José López. Ambos se encuentran detenidos: De Vido cumple arresto domiciliario en Zárate y López está en la cárcel de Ezeiza.
La Fiscalía solicitó penas de entre 4 y 5 años de prisión, inhabilitación perpetua para cargos públicos y decomiso de bienes para los principales acusados, entre quienes se incluyen exdirectivos de la empresa Skanska.
Según la acusación, Skanska habría direccionado licitaciones y pagado coimas para adjudicarse obras de ampliación de gasoductos en 2004. El esquema habría sido ocultado mediante facturas falsificadas emitidas por más de 20 empresas fantasma que simulaban servicios no prestados.
La prueba central es una grabación interna de Skanska en la que un exejecutivo, Javier Azcárate, admitió el pago de coimas para asegurar las obras. En el audio, Azcárate declaró: “Somos prolijos y lo hacemos bien, o no laburamos”. También afirmó: “Ya sabíamos de antes de hacer la propuesta que la íbamos a ganar y que son 100 millones de dólares”, y agregó: “Fue un 5% de todos los contratos, divididos en un 3% a Enargas y un 2% a Nación Fideicomisos, más los costos de la operación”.
La grabación fue desestimada inicialmente por la Cámara Federal por no haber sido obtenida mediante orden judicial, sino a través de una investigación interna de la empresa. Sin embargo, en 2015 la Corte Suprema reabrió la posibilidad de validarla y la Cámara Federal de Casación Penal, con los votos de Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani, la incorporó a la causa. Gemignani sostuvo: “En la sociedad, además del infractor y el Estado, existen las víctimas y los no infractores, y ellos también tienen derechos”.
El juez federal Sebastián Casanello, al elevar la causa a juicio en 2019, argumentó: “La empresa Skanska, al momento de la negociación de las ofertas presentadas en el concurso privado, acordó con sus competidores para elevar los costos, lo que fue consentido por los funcionarios públicos que intervinieron directa e indirectamente en el procedimiento”. Casanello agregó: “Para respaldar esas actividades ficticias, los representantes de Skanska S.A. decidieron darle un marco legal que les permitiera justificar cada uno de los egresos. Así fue que computaron las transacciones como gastos vinculados al proyecto central adjudicado, previamente, por el Estado Nacional”. El magistrado advirtió: “Todos estos sucesos habrían generado, como consecuencia, un perjuicio económico millonario para la administración pública”.
Los jueces del TOF N°4, Jorge Gorini, Néstor Costabel y María Gabriela López Iñiguez, darán a conocer la sentencia en un juicio iniciado hace poco más de dos años, pero que se originó hace casi dos décadas tras una denuncia de la Coalición Cívica y una nota del diario Perfil.