El gobierno provincial adjudicó a SML Consultores Médicos el servicio de control médico, salud laboral y prestaciones en especie para los trabajadores de la administración pública centralizada y descentralizada, por un plazo de 24 meses.
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el ministro de Economía, Pablo Olivares, firmaron el decreto n° 1589 mediante el cual se adjudicó a la firma SML Consultores Médicos SA el servicio de control médico, salud laboral y prestaciones en especie por contingencias de riesgos del trabajo para los trabajadores de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada del Poder Ejecutivo, pasantes y becarios. El contrato tendrá una duración de 24 meses y se estima que será rubricado en los próximos días.
El decreto aprobó lo actuado en el proceso licitatorio del cual solo participó SML Consultores Médicos. La adjudicación se enmarca en el Sistema Integrado de Protección de Salud Laboral (SIPSAL), creado mediante el decreto n° 1838 del año anterior para unificar y modernizar la gestión de la salud laboral de los agentes públicos provinciales.
El objetivo del SIPSAL es centralizar las licencias médicas, el control de ausentismo, los accidentes de trabajo y las juntas médicas en un sistema digital único. La implementación será gradual y, una vez firmado el contrato, la empresa adjudicataria tendrá un plazo de dos meses para ponerlo en vigencia.
La firma SML Consultores Médicos SA cubrirá la plataforma tecnológica operativa, el control médico laboral, las prestaciones en especie por accidentes o enfermedades profesionales (Ley 24.557), las juntas médicas y los exámenes periódicos o psicofísicos.
El pliego establece un proceso gradual de puesta en marcha del sistema. La primera etapa comprenderá al personal del escalafón 2695, Fiscalía de Estado, gráficos, API, Catastro y ex Dipos, distribuidos en 296 localidades, lo que totaliza 28.509 agentes. Luego se incorporará a los profesionales de la Ley 9282 y a los Viales (9.860 agentes); en tercer lugar, a docentes y asistentes escolares (79.365); y finalmente al personal policial y penitenciario (31.354).
Para financiar el servicio, el decreto de adjudicación incluye una modificación presupuestaria de $1.402.804.000, que se asigna al presupuesto del Ministerio de Economía, que actuará como autoridad de aplicación y controlará el funcionamiento del sistema junto a IAPOS y los ministerios de Salud y Trabajo.
El SIPSAL se compone de cinco módulos integrados: el módulo I es el servicio operativo y plataforma tecnológica; el módulo II es el servicio de control médico y salud laboral; el módulo III corresponde a las prestaciones en especie por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; el módulo IV a las juntas médicas; y el módulo V a los exámenes periódicos.
En los considerandos del decreto se indica que el SIPSAL gestionará las solicitudes de licencias por razones médicas y la atención de prestaciones en especie por riesgo del trabajo, con intervención de profesionales de la red de prestadores de la adjudicataria, autorizados previamente por el Poder Ejecutivo.
La Comisión Evaluadora consideró apta a la firma SML Consultores Médicos y analizó su oferta económica, concluyendo que el porcentaje ofertado resulta razonable, equitativo y acorde con los valores vigentes de mercado, por lo que se la consideró conveniente para los intereses de la administración.
SML Consultores Médicos es una empresa especializada en gestión de medicina laboral, control de ausentismo y auditoría de salud, perteneciente al grupo económico Werthein en sociedad estratégica con el grupo D’Onofrio. Su sede central se encuentra en Avenida del Libertador al 6900, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En otro decreto, el n° 1574, el gobernador Pullaro aprobó el convenio específico firmado entre la Superintendencia de Riesgos del Trabajo de la Nación y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la provincia de Santa Fe. El objetivo del convenio es el mejoramiento de la calidad del empleo mediante acciones de fiscalización de las condiciones y medio ambiente de trabajo, la disminución de accidentes laborales y enfermedades profesionales, y el cumplimiento de los deberes preventivos establecidos en tres leyes y normas complementarias.
En el decreto, Santa Fe acepta la contribución no reintegrable de $217.256.860 dispuesta por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo de la Nación, con cargo de oportuna y documentada rendición de cuentas, para tornar operativo el acuerdo.