El oficialismo y sus aliados consiguieron dictamen favorable en la Cámara de Diputados para el proyecto de Inocencia Fiscal II, que excluye de los beneficios a funcionarios de los tres poderes.
La Libertad Avanza obtuvo este miércoles dictamen de mayoría en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal de la Cámara de Diputados para el proyecto de Inocencia Fiscal II. El despacho, firmado por 44 legisladores, será debatido en la sesión prevista para el 26 de agosto.
El proyecto cuenta con el respaldo del PRO, la UCR, Innovación Federal y Producción y Trabajo. La iniciativa busca ampliar la base de contribuyentes que declaren dólares adquiridos en el sistema informal.
La firma del dictamen fue realizada por 32 legisladores de La Libertad Avanza, 1 del MID, 2 de la UCR, 1 de Independencia, 2 de Innovación Federal, 1 de Producción y Trabajo y 1 de Provincia Unidas en disidencia parcial.
La decisión se adoptó en el plenario de las comisiones que presiden Bertie Benegas Lynch y Laura Rodríguez Machado, tras la ronda de consultas a funcionarios y especialistas.
Exclusión de funcionarios
Una de las modificaciones incorporadas establece la exclusión total de los funcionarios públicos de los beneficios del régimen. Podrán utilizar el sistema simplificado únicamente como canal operativo para presentar la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias y cancelar el saldo correspondiente, pero no podrán acceder a la presunción de exactitud, la liberación de fiscalizaciones ni a otros beneficios tributarios.
La exclusión alcanza a quienes ejerzan o hayan ejercido cargos de alta responsabilidad pública en los últimos cinco años anteriores a la adhesión y hacia adelante.
Rodríguez Machado declaró: «Los funcionarios no entran en este régimen. La exclusión alcanza a quienes en los últimos cinco años tuvieron cargos en la función pública y en adelante. No hay margen para especulaciones: la transparencia de la función pública es un pilar innegociable.»
Alcance de la exclusión
El proyecto detalla los cargos alcanzados por la exclusión:
- Poder Ejecutivo: funcionarios y empleados con jerarquía igual o superior a Secretario de Estado en los ámbitos nacional, provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Poder Legislativo: legisladores nacionales, provinciales, de CABA, concejales municipales y parlamentarios del Mercosur.
- Poder Judicial y Ministerio Público: magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público en todas las jurisdicciones.
- Órganos de Control y Enjuiciamiento: defensores del pueblo, sus adjuntos, miembros del Consejo de la Magistratura e integrantes de jurados de enjuiciamiento.
Otras modificaciones
Se eliminan los topes de 1000 millones de ganancias y de 10.000 millones de pesos de patrimonio para ingresar al sistema, con el fin de permitir la participación de grandes contribuyentes.
Se incorporan correcciones para reducir la carga punitiva sobre las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), estableciendo una reducción del 25% de las multas por infracciones formales.
El proyecto mantiene disposiciones de la ley original: el Régimen Especial de Reducción del 50% y la cláusula de que diferencias inferiores al 5% del 15% en la declaración jurada no constituirán discrepancia para que actúe ARCA.
Rodríguez Machado sostuvo: «Esta norma tiene un concepto claro: no se busca condenar a quienes cumplen. Es un esquema estrictamente tributario. Queremos darles previsibilidad, alivio fiscal y justicia impositiva a los ciudadanos y PyMEs que hacen el esfuerzo diario por estar al día».