La conciliación obligatoria entre Pampa Energía y el Sindicato de Obreros y Empleados Petroquímicos Unidos (Soepu) se extendió hasta el 21 de agosto. La medida busca preservar los 130 puestos de trabajo en riesgo por el cierre de la producción de caucho sintético en Puerto General San Martín.
La conciliación entre Pampa Energía y el Sindicato de Obreros y Empleados Petroquímicos Unidos (Soepu) fue prorrogada hasta el 21 de agosto. La decisión se tomó este martes durante una audiencia en la sede local del Ministerio de Trabajo de Santa Fe, en el marco del conflicto por el cierre de la producción de caucho sintético en la planta de Puerto General San Martín.
Según informó el Soepu, la prórroga de la conciliación voluntaria, con efectos de obligatoria, permitirá extender las conversaciones entre las partes durante los próximos días. El gremio señaló que el objetivo es avanzar en alternativas que permitan preservar los puestos de trabajo afectados por la decisión de la empresa.
La jornada se produjo un día después de la reunión que el sindicato mantuvo con funcionarios del Ministerio de Trabajo y del área de Producción de Santa Fe. De acuerdo con el Soepu, en ese encuentro se abrió una mesa de trabajo para analizar la situación de la planta y buscar alternativas para sostener la actividad. El gremio valoró la incorporación de la Provincia a las conversaciones, aunque planteó que debe profundizar su participación en la búsqueda de una salida.
“Desde el primer día planteamos que este conflicto excede a los trabajadores directamente afectados. Está en juego una industria fundamental para Santa Fe, para el desarrollo del Cordón Industrial y para una cadena productiva que necesita que el país conserve capacidades que llevó décadas construir”, sostuvo el secretario general del Soepu, Mauricio Brizuela.
El conflicto se originó a partir de la decisión de Pampa Energía de cesar de manera definitiva la producción de caucho sintético en su planta de Puerto General San Martín, la única del país dedicada a esa actividad. La medida pone en riesgo alrededor de 130 puestos de trabajo. La empresa informó que el resto de las unidades de negocio continuará operando y que evalúa alternativas para el personal afectado.
El sindicato cuestiona la decisión y sostiene que se deben encontrar mecanismos para preservar las fuentes laborales y mantener la producción.