La Unidad Fiscal Rosario formalizó la imputación contra un médico cardiólogo y un licenciado en enfermería por presuntas facturaciones de prácticas médicas inexistentes al INSSJP-PAMI, por un total que supera los 700 millones de pesos. El juez federal de Garantías dispuso la prohibición de salida del país y el sometimiento periódico al proceso.
La Unidad Fiscal Rosario, representada por los fiscales federales coadyuvantes María Virginia Sosa y Andrés Montefeltro, con la colaboración de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Cometidos en el ámbito de actuación del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (UFI-PAMI), formalizó la imputación contra un médico cardiólogo, identificado como M.G.A., y un licenciado en enfermería, M.A.P., por presunta defraudación al INSSJP-PAMI mediante la facturación de prestaciones médicas que no habrían sido realizadas.
Según la acusación, el cardiólogo informó al sistema CUP del PAMI haber realizado 36.085 prácticas médicas entre octubre de 2023 y octubre de 2024, entre ellas ecocardiogramas, ergometrías y monitoreos ambulatorios (Holter), a nombre de 4.982 afiliados. Por esas prestaciones, la obra social abonó 579.943.598,88 pesos. Entre noviembre de 2024 y febrero de 2025, el profesional informó otras 14.546 prácticas para 2.275 afiliados, por las que el organismo debería haber pagado 147.974.775,68 pesos, monto que no fue abonado al detectarse irregularidades.
La investigación se inició a partir de una denuncia de la UFI-PAMI en abril pasado. Las evidencias incluyeron testimonios de afiliados de distintas provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes negaron haberse atendido con el médico. Además, se constató la imposibilidad fáctica de realizar la cantidad de prácticas facturadas y el cruce con bases migratorias que demostró que el cardiólogo no se encontraba en el país al momento de los estudios.
La fiscalía también señaló que, en junio de 2024, los acusados compraron una vivienda utilizando documentación apócrifa y a través de una sociedad sin actividad comercial real, constituida por ambos, como presunta pantalla para dar apariencia de legalidad a los fondos. Los hechos fueron calificados como defraudación en perjuicio de la Administración Pública, consumada y en grado de tentativa, y lavado de activos.
En la audiencia de formalización, celebrada el 26 de agosto pasado, el juez federal de Garantías Carlos Alberto Vera Barros confirmó el plazo de investigación de seis meses, hasta el 25 de febrero de 2027, y dispuso como medidas de coerción el sometimiento periódico al proceso y la prohibición de salida del país.
Las mismas personas habían sido detenidas e imputadas en junio pasado por la Sede Fiscal Descentralizada Venado Tuerto por ejercicio ilegal de la medicina y suministro ilegal de fentanilo y morfina. En allanamientos realizados en domicilios de Acebal y Wheelwright se secuestraron 243 ampollas de fentanilo utilizadas, 50 ampollas de clorhidrato de morfina, e insumos y elementos para prácticas médicas, además de constatar un consultorio sin habilitación. En esa causa, el juez federal de Garantías de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa, dispuso la prisión preventiva de ambos por 90 días.