La Cámara de Diputados de Santa Fe tratará esta semana dos proyectos con preferencia: el procedimiento contencioso administrativo y la declaración de territorio libre de discursos de odio. Ambos fueron votados por el Senado y generan posturas encontradas entre los bloques.
La agenda de la Cámara de Diputados de Santa Fe incluye, entre los proyectos con preferencia, dos temas que generan controversia y cuya definición resolverá el interbloque de Unidos en reunión plenaria, previa a las reuniones de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
El primer tema es la norma que definirá los alcances del proceso en lo contencioso administrativo. El proyecto se basa en un mensaje del Poder Ejecutivo. Diputados votó por unanimidad un texto elaborado en comisiones; luego, el Senado aprobó otro texto también por unanimidad. Ahora, la Cámara Baja debe decidir si mantiene su versión o acepta la reforma del Senado. El intendente de Rosario, Pablo Javkin, solicitó que se escuche la postura de ese municipio, uno de los más implicados en dicho fuero. Javkin avala el proyecto votado por el Senado y dio explicaciones ante integrantes de la Cámara Alta, entre ellos el presidente provisional del cuerpo, Felipe Michlig.
La ley de procedimiento completa el cuerpo legal emanado del Ejecutivo para dar nuevo contenido al fuero, especialmente tras la reforma de la Constitución. Ya existe el Código del fuero, otra ley creó el Colegio de jueces y hasta el viernes se inscriben postulantes en el Consejo de la Magistratura. Todas las demandas contra el Estado se tramitarán ante este fuero.
El segundo tema es el proyecto que declara a Santa Fe como territorio libre de discursos de odio, con medidas de prevención y concientización. La iniciativa fue presentada por la Mesa del Diálogo y es similar a una ordenanza ya dictada en la ciudad de Santa Fe. El Senado lo votó por unanimidad y Unidos le dio dictamen en dos comisiones, con el acompañamiento de la justicialista Celia Arena en una de ellas.
La diputada libertaria Silva Malfessi expresó su rechazo al proyecto y lo vinculó a la posibilidad de censura estatal. Postura similar manifestó el justicialista Miguel Rabbia. En la última sesión, Natalia Armas Belavi (Vida y Familia) advirtió sobre los riesgos de la norma cuando un legislador oficialista refutó su postura sobre temas electorales.
El artículo 2 del proyecto define: «A los efectos de esta ley, se entiende por discurso de odio toda expresión -verbal, escrita, simbólica, audiovisual o digital- que incite, promueva, justifique o naturalice la discriminación, la hostilidad, la violencia o el menosprecio hacia una persona o grupo de personas en razón de su raza, color, origen étnico o nacional, nacionalidad, religión o creencias, género, sexo, orientación sexual, identidad o expresión de género, discapacidad, condición socioeconómica, estado de salud, edad u otras personalísimas».
El artículo 4 incorpora al Código de Convivencia el artículo 62 bis, que establece multas de hasta 60 jus para quienes incurran en discursos de odio, con posibilidad de conmutar por un curso de abordaje interdisciplinario. La autoridad de aplicación será el Ministerio de Cultura o el que lo reemplace.
Además, otros tres proyectos tienen tratamiento preferencial esta semana. Uno, del diputado Joaquín Blanco (socialista), crea la «Tarifa de Movilidad Eléctrica» de la Empresa Provincial de la Energía para la carga de vehículos eléctricos e híbridos enchufables. Otro, impulsado por Amalia Granata junto a otros ocho proyectos, busca crear un sistema digital para el control y responsabilidad alimentaria de funcionarios públicos. El quinto, de Beatriz Brouwe (Unite), promueve la industria audiovisual «Santafecine».
Las cámaras de Senadores y Diputados fueron convocadas a una sesión conjunta para tratar dos temas: un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la fiscal María Verónica Ballari y la situación del suspendido fiscal adjunto de San Jorge, Diego Gustavo Rodríguez y Barros, quien enfrenta un proceso disciplinario por presuntas irregularidades. Rodríguez y Barros hizo su descargo y este jueves se resolverá su situación. El instructor de la causa, el diputado Marcos Corach, propondría la destitución.
Este jueves también está convocada la Asamblea Legislativa para considerar once postulantes al Ministerio Público de la Acusación y un pliego para juez penal. Entre los fiscales propuestos se encuentran varios para la regional con cabecera en Reconquista. El Ejecutivo propone a Leandro Maximiliano Martín como juez penal de segunda instancia para Venado Tuerto. Para la Regional I, a Luciana Violeta Chiavarini; para la Regional III, a Adolfo Germán Pisani y Antonela Santamaría; para la Regional IV, a Juan Pablo Malberti, Rita María Llamas, Valentina Alesso, Leandro Leonel Arraga y Eduardo Sequeira Alegre; y para la Regional V, a Ricardo Milton Kettler, Natalia Viviana Andrione y Paola Sofía Pradolini.