El diputado nacional por Santa Fe, Pablo Farías, pidió al Gobierno nacional que acelere medidas para extender la emergencia en discapacidad, atender el endeudamiento de las familias y aliviar la presión fiscal sobre las pymes. También reclamó que el Presupuesto contemple obras viales para la provincia.
El diputado nacional por Santa Fe, Pablo Farías, integrante del bloque Provincias Unidas, solicitó al Gobierno nacional que utilice herramientas para evitar que los aumentos dificulten la atención en discapacidad, las deudas comprometan a las familias, la presión fiscal afecte a las pequeñas y medianas empresas y la falta de infraestructura limite el desarrollo de las provincias.
Farías formuló estas declaraciones en una entrevista con el programa Primera Mañana, de CyD Litoral, luego de que la Cámara de Diputados aprobara emplazamientos para acelerar la prórroga de la emergencia en discapacidad y las iniciativas sobre morosidad familiar.
La sesión del 9 de septiembre estableció un cronograma. Diputados aprobó por unanimidad que las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda se reúnan el 16 y 23 de septiembre para tratar la extensión de la emergencia hasta fines de 2027. Las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor fueron emplazadas para abordar el endeudamiento los días 15, 22 y 29. Hay 50 proyectos en consideración.
Farías destacó el acuerdo político alcanzado: “No solo hubo quórum, sino que estuvieron todos los bloques presentes y las dos resoluciones que aprobamos las aprobamos prácticamente por unanimidad”. Según el legislador, ese consenso permite avanzar en dictámenes rápidos.
Respecto de discapacidad, sostuvo que la continuidad del régimen es indispensable porque “es evidente que es necesario extenderla por lo menos un año más”. Cuestionó la actualización de las prestaciones, pero consideró que la emergencia permite garantizar el presupuesto para sostenerlas.
En cuanto al endeudamiento de las familias, Farías señaló que en Diputados se acumularon iniciativas para atender una morosidad que impacta sobre el consumo. Marcó un límite respecto del alcance de la respuesta estatal: “El consenso mayoritario no tiene que ver con que el Estado vaya y recupere esas deudas, es decir, que ponga plata y le pague las deudas a todos los ciudadanos”. La búsqueda, dijo, pasa por “encontrar a través de los mecanismos que tiene el sistema financiero facilidades mayores de pago”, con extensión de plazos, tasas razonables y límites que eviten abusos.
El diputado se refirió a quienes tomaron créditos bajo un escenario que luego cambió: “Son personas que legítimamente han contraído deudas, han accedido a créditos con una expectativa quizás distinta que después no se vio reflejada en la realidad y hoy tienen grandes dificultades para pagar esas cuotas”.
En materia de pymes, Farías, como presidente de la comisión Pyme, impulsa junto a otros legisladores un proyecto para estabilizar y reactivar a las micro, pequeñas y medianas empresas, girado a las comisiones de Pymes, Finanzas, Legislación del Trabajo y Presupuesto y Hacienda. “El sector pyme es el más golpeado de la economía”, afirmó, y agregó: “La gran mayoría de las empresas de nuestro país son pymes y son las responsables de la mayor cantidad de puestos de trabajo registrados”.
Farías cuestionó la política de cobro de ARCA, que calificó de “excesivamente agresiva” frente a empresas con problemas de financiamiento, y advirtió que la traba de embargos puede paralizar la actividad. “Necesitamos suspender rápidamente esos embargos y también pensar en planes que permitan acceder a las empresas a un alivio en términos fiscales”, planteó. Para el diputado, resignar recaudación en lo inmediato puede evitar un daño mayor: “Empresa que cierra, empresa que se cae, obviamente es un aportante menos al fisco”.
Farías contrapuso esa situación con las políticas aplicadas por el Gobierno de Santa Fe. Mencionó subsidios de tasa para capital productivo, alivios tributarios, facilidades de pago y herramientas asociadas a la generación de empleo como ejemplos de una intervención que, sostuvo, no supone regresar a una economía cerrada. “Acá también se trata de establecer una contradicción: que si no adherimos al actual modelo del Gobierno nacional, retrocedemos y tenemos que ir a un modelo de intervención estatal total. Nadie está planteando esto”, sostuvo.
Su cuestionamiento apunta al sesgo de las prioridades nacionales. Reconoció que el Gobierno promovió hidrocarburos, minería y producción agropecuaria mediante regímenes favorables, pero reclamó incorporar a la industria en esa planificación. “No podemos pensar un país que solamente se desarrolle a través de la explotación de hidrocarburos, la minería y ni siquiera solamente a través de la producción o venta de productos agropecuarios”, afirmó. “Es un país que tiene un fuerte perfil industrial, descuidado durante muchos años, pero que hoy se ve fuertemente amenazado”.
Respecto del Presupuesto 2027, Farías anticipó que Provincias Unidas reclamará que contemple las necesidades provinciales y puso a la infraestructura en el centro. “Tenemos nuestras rutas totalmente destruidas”, afirmó. Si bien reconoció el avance del sistema de concesiones, cuestionó su alcance: “El plan de concesiones viales que está impulsando el Gobierno alcanza solo a 9.000 kilómetros de rutas nacionales cuando debe atender 40.000”. “No hay desarrollo posible sin infraestructura”, sentenció. “El país necesita ampliar la red vial, mejorarla y mejorar su transitabilidad para tener un modelo económico de desarrollo real. Por lo tanto, nosotros vamos a estar reclamando eso también en el Presupuesto nacional”.