El Gobierno argentino expresó su rechazo a la publicación «Haciendo negocios con las Islas Malvinas» y anunció acciones legales contra empresas que operen en el archipiélago sin autorización.
La Cancillería argentina, a cargo de Pablo Quirno, manifestó su «más enérgico rechazo» a la reciente publicación de la guía británica «Haciendo negocios con las Islas Malvinas», mediante la cual, según el comunicado, «el Reino Unido pretende promover actividades comerciales e hidrocarburíferas ilegítimas en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes».
«La República Argentina reafirma categóricamente que los citados archipiélagos y espacios marítimos e insulares correspondientes son parte integrante de su territorio nacional y se encuentran ilegítimamente ocupados por el Reino Unido», agrega el mensaje.
Qué dice el comunicado
Asimismo, suma que «en consonancia con los continuos anuncios de las licenciatarias ilegítimas Rockhopper Exploration Plc (de origen británico) y Navitas Petroleum Lp (de origen israelí) sobre el proyecto ‘Sea Lion’ en la Cuenca Malvinas Norte», y se complementa: «El Gobierno Nacional profundiza un plan de acción integral para defender la soberanía argentina y resguardar los recursos naturales de todos los argentinos».
«Tras la pretendida ‘Decisión Final de Inversión’ por parte de las ilegítimas licenciatarias, la Cancillería argentina citó a los embajadores del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y del Estado de Israel para hacer entrega en mano de notas de protesta formal. En dichos encuentros se repudió enfáticamente el avance del proyecto ‘Sea Lion’ y la totalidad de los actos conexos, incluyendo la emisión de normativas ilegítimas, las pretendidas licencias unilaterales, los llamados a contratar proveedores y las guías o incentivos comerciales por parte del Gobierno británico», continúan.
«Estas acciones unilaterales británicas vulneran abiertamente la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la cual insta a la República Argentina y al Reino Unido a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación de las Islas mientras esté pendiente la solución pacífica de la disputa de soberanía. Se trata, además, de actos de efectos futuros potencialmente irreversibles que comprometen recursos no renovables que pertenecen a la Nación Argentina», concluye la primera parte.
Alusión a la cadena nacional
También hacen referencia al mensaje de Milei por Cadena Nacional y formalizado a través del Decreto N° 868/2026 y los Comunicados Oficiales N° 158, 160, 161, 162 y 163 de la Oficina del Presidente, advirtiendo que la legislación nacional se aplicará con todo su rigor.
«El marco normativo vigente —en particular las Leyes N° 26.659 y 26.915, reforzadas por el Decreto N° 868/2026— sanciona de manera severa a cualquier empresa, inversionista o proveedor que directa o indirectamente intervenga en actividades hidrocarburíferas no autorizadas por el Gobierno nacional en la Plataforma Continental Argentina. Ninguna guía gubernamental extranjera ni decisión comercial privada puede situarse por encima del derecho nacional argentino y derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar», detallan.
«En esa línea, la Cancillería argentina ya ha enviado cerca de 180 notas de advertencia y asunción de riesgos a personas físicas y jurídicas localizadas en 30 países, ha iniciado 60 procedimientos administrativos, así como también el Sr. Canciller ha realizado tres denuncias penales que abarcan a 10 compañías y a sus directivos», sigue el mensaje.
«Finalmente, se le recuerda a todas aquellas empresas e individuos que persistan en entablar vínculos comerciales con las Islas Malvinas en ausencia de las correspondientes autorizaciones por parte de la autoridad argentina competente, que el Gobierno de la República Argentina agotará todas las instancias administrativas, diplomáticas, judiciales e institucionales a su alcance para defender sus derechos soberanos y asegurar que quienes pretendan explotar de manera ilegal nuestros recursos naturales respondan ante la ley», cierra el texto.