El proyecto enviado por el Gobierno al Congreso prevé un aumento del 18% en las partidas para el sistema científico, por debajo de la inflación proyectada. Las universidades nacionales recibirían 7,34 billones de pesos, frente a los 11 billones solicitados por el Consejo Interuniversitario Nacional. El texto incorpora una cláusula que obliga a las casas de estudio a detallar sus gastos ante el Ministerio de Capital Humano.
El Presupuesto 2027 que el Poder Ejecutivo envió al Congreso el martes por la noche incluye partidas para el sistema científico y las universidades nacionales que, en varios casos, representan caídas en términos reales respecto de los recursos ejecutados en 2026.
Los organismos que componen el sistema científico, como el Conicet, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae), la Comisión Nacional de Energía Atómica (Cnea) y la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i), recibirán partidas calculadas con una inflación prevista por el Gobierno del 18% para 2027. Si esa proyección no se cumple, los organismos perderán capacidad de financiamiento en términos reales.
Según el proyecto, estas entidades no han recuperado la pérdida del 35% de sus ingresos reales registrada desde diciembre de 2023.
El panorama es distinto para el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta), que sufrirá en 2027 una quita nominal de partidas del 12,4%. Para el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti) está prevista una caída nominal de recursos del 5,2%.
Ambos organismos registran desde 2024 una reducción de personal y de recursos. En el Inti, el recorte presupuestario acumulado en términos reales supera el 43%, mientras que en el Inta la caída real acumulada en el mismo período roza el 49%.
Universidades nacionales
El proyecto de ley destina 7,34 billones de pesos a las universidades nacionales. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que agrupa a los rectores de todo el país, había solicitado más de 11 billones de pesos.
El Capítulo II del proyecto introduce una cláusula que exige a las universidades detallar la finalidad de sus gastos ante el Ministerio de Capital Humano y faculta al Poder Ejecutivo a interrumpir las transferencias de fondos si no cumplen.
Los rectores sostienen que la cláusula vulnera el principio de autonomía universitaria y consideran insuficiente la propuesta de 11 billones. Además, reclaman el cumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario vigente y anticipan conflictividad en el sector.