Los docentes de universidades nacionales inician este miércoles un paro de 72 horas hasta el viernes 2 de octubre. El lunes 1° de octubre los no docentes paran 24 horas. El mismo miércoles vence el plazo de 5 días que la Justicia otorgó al Gobierno para acreditar el cumplimiento de una medida cautelar sobre la Ley de Financiamiento Universitario.
Los docentes de las universidades nacionales iniciarán este miércoles un paro de 72 horas que se extenderá hasta el viernes 2 de octubre, según informaron los gremios del sector. La medida se desarrollará en simultáneo con el vencimiento del plazo de 5 días que la Justicia otorgó al Poder Ejecutivo nacional para acreditar el cumplimiento de una medida cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario.
El paro forma parte de un plan de acciones que tendrá como próximo punto la 5ta Marcha Federal Universitaria, convocada para el 15 de octubre. La movilización reunirá al Frente Sindical de las Universidades Nacionales, integrado por 7 federaciones gremiales, además de la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
La medida de fuerza de esta semana fue definida por el plenario de Conadu Histórica, con injerencia en la Universidad Nacional del Litoral a través de Adul, y se realizará en confluencia con Conadu. Los estudiantes deberán consultar en sus facultades si sus profesores adhieren a la medida de fuerza.
Fagdut, que nuclea a los docentes de universidades tecnológicas, resolvió un paro de 72 horas desde este miércoles 30 «luego de una reunión del Frente Sindical Universitario y ante el incumplimiento del Gobierno a la intimación de la Justicia». El gremio reclama la convocatoria a paritarias libres, la recomposición salarial, la vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario y el presupuesto para el año próximo destinado a las casas de altos estudios.
La Fatun, del personal no docente de las universidades, con injerencia en la UNL a través de Apul, fijó un paro de 24 horas para este jueves 1° de octubre, «sin concurrencia a los lugares de trabajo tanto en UNL, como en la Universidad Nacional de Rafaela, entre otras», según un parte de prensa.
El conflicto salarial y presupuestario tiene un capítulo judicial. El juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, intimó al Estado nacional el 22 de septiembre a cumplir en un plazo de 5 días con la medida cautelar que ordena aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795. La resolución contempla la posibilidad de aplicar multas diarias en caso de demora.
La cautelar había sido dictada originalmente en diciembre de 2025. La Cámara de Apelaciones la confirmó y el 25 de junio de este año la Corte Suprema dejó firme la decisión. Los artículos alcanzados por la medida judicial establecen la actualización de los salarios de docentes y no docentes y la recomposición de los programas de becas estudiantiles.
La intimación de Cormick se produjo luego de que el Ejecutivo intentara levantar la cautelar. El 1° de septiembre, el magistrado rechazó ese pedido al considerar que el Estado no había demostrado que los acuerdos alcanzados hubieran resuelto el deterioro de los ingresos y la pérdida salarial denunciada en la causa.
El Gobierno sostiene que cumplió con la medida cautelar y anunció que apelará la última resolución ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. Según informó el diario Infobae, el Ejecutivo presentó documentación ante la Justicia para acreditar su posición, aunque la apelación no modifica la vigencia de la cautelar.
En cuanto al reclamo salarial, desde el sector universitario se plantea la necesidad de recomponer la pérdida salarial acumulada y aplicar el porcentaje previsto en la Ley de Financiamiento Universitario. La cifra varía según el cálculo y el criterio utilizado. Mientras que desde un sector gremial se reclama una recomposición del 33,4%, otros gremios estiman en 31,2% la recomposición salarial adeudada.
El conflicto se profundizó luego de la última ronda paritaria, realizada el 17 de septiembre. En esa instancia, el Gobierno ofreció un incremento del 3% para septiembre y otro 3% para octubre, propuesta que fue rechazada por las organizaciones sindicales. La discusión no se limita a los salarios: la Ley 27.795 también contempla partidas destinadas a becas estudiantiles, mientras que las universidades vienen planteando la necesidad de recomponer el financiamiento de sus distintas áreas.
Si bien este martes el vocero presidencial Adrián Ravier no se refirió al conflicto universitario en su conferencia de prensa semanal, en declaraciones anteriores había manifestado que el financiamiento destinado a las universidades conserva su proporción dentro del gasto público. El funcionario había señalado en esa ocasión que el Ejecutivo anunció recientemente un aumento del 24% para los profesores universitarios y había explicado que, según la postura oficial, la recomposición salarial no pudo aplicarse antes debido a la situación fiscal heredada.