Rusia amplió las restricciones a la exportación de diésel y destilados, mientras Estados Unidos evalúa limitar sus ventas externas de gasoil. En este contexto, la industria de biodiésel argentina, con capacidad ociosa en Santa Fe, busca consolidarse en los mercados internacionales.
Rusia extendió las prohibiciones de exportación de diésel y destilados, en un contexto de ataques ucranianos con drones contra su infraestructura petrolera que redujeron su refinación a mínimos no vistos en más de veinte años. Esta situación retiró del mercado internacional cerca del 10% de la oferta marítima global de este combustible, según informes del sector.
En paralelo, según reportó Bloomberg, la administración de Donald Trump en Estados Unidos analiza implementar restricciones o una prohibición temporal de tres meses a las exportaciones de gasoil para contener los precios internos, que alcanzaron récords de más de US$ 6,50 por galón, en un contexto de inventarios en sus niveles más bajos desde 1982.
De acuerdo con análisis publicados por Le Grand Continent y Bloomberg, las brechas de refinación (crack spreads) llegaron a situarse en US$ 100 por barril, cuatro veces su nivel habitual, provocando incrementos acumulados de hasta un 50% en los precios en surtidores de Estados Unidos y del 24% en la Unión Europea.
Según un reporte especializado de Econojournal, Europa se prepara para responder a eventuales ataques híbridos rusos, identificando a la infraestructura energética del continente entre los objetivos prioritarios. Esta vulnerabilidad añade volatilidad e incertidumbre a la cadena global de suministros, aumentando las primas de riesgo en el comercio exterior de combustibles.
En Argentina, en el último mes, los precios de las naftas y el gasoil en los surtidores locales acumularon una suba promedio cercana al 20%, sumado a ajustes recientes de entre el 2,5% y el 5% aplicados por petroleras como Raízen (Shell), Axion y Puma para absorber los mayores costos de reposición internacional. La señal de alerta más severa se observó en el canal mayorista: históricamente, el precio del gasoil al por mayor resultaba hasta un 15% más económico que el minorista en estaciones de servicio; en la actualidad, esa relación se invirtió y el gasoil mayorista cotiza entre un 8% y un 10% por encima del valor en surtidor.
Esta distorsión coincidió con la cosecha gruesa. Al ser el gasoil un insumo indispensable en la matriz logística nacional, utilizado por tractores, cosechadoras y el transporte pesado de cargas, cualquier encarecimiento impacta directamente sobre los costos de producción y, en última instancia, termina trasladándose a los precios de los alimentos.
La Argentina cuenta con capacidad de refinación propia: produce 882.000 barriles diarios de crudo, destinando más de 570.000 barriles al procesamiento interno a través de sus cinco refinerías operativas (YPF, Raízen, Axion y Trafigura/Puma). Las inversiones en modernización y reacondicionamiento de plantas, como los proyectos ejecutados por YPF en Luján de Cuyo y La Plata para procesar el petróleo liviano Medanito de Vaca Muerta, permitieron alcanzar tasas de utilización de refinerías superiores al 90%. Gracias a este esquema, el país logró desplazar de manera drástica la importación de gasoil, registrando trimestres con importaciones nulas de combustibles fósiles e incluso comenzó a realizar exportaciones modestas de diésel de ultra bajo azufre (ULSD) hacia mercados regionales.
En este complejo escenario energético, el biodiésel argentino emerge con inversiones ya realizadas. La Argentina posee una capacidad instalada de producción de biodiésel de aproximadamente 4,3 a 4,4 mil millones de litros anuales, pero las plantas operan con una elevada capacidad ociosa, utilizando apenas entre un 25% y un 30% de su potencial debido a las restricciones regulatorias internas y al freno exportador.
Durante el panel «El futuro del comercio agroindustrial: tendencias, riesgos y oportunidades», en el marco del lanzamiento de la Campaña Gruesa 2026/27 organizado por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC), Gustavo Idígoras, fijó la posición del sector exportador. Idígoras calificó a la actual Ley 27.640 de biocombustibles como un marco de tipo «soviético», argumentando que es un modelo donde el Estado determina mensualmente quién produce, cuánto produce y a qué precio se comercializa. En su lugar, abogó por avanzar hacia un esquema competitivo y de mercado abierto similar al de Brasil. Remarcó que el desarrollo de los biocombustibles es clave para la seguridad y soberanía energética frente a los conflictos internacionales, señalando que el futuro de la agroindustria pasa por transformar la producción de granos en bioetanol y biodiésel para abastecer no solo la movilidad terrestre, sino también la incipiente demanda global del transporte marítimo y la aviación sostenible (SAF).
Pese al contexto global favorable para la energía renovable, la industria local arrastra un estancamiento en sus ventas externas. Entre enero y julio del corriente año, la producción acumulada de biodiésel alcanzó las 621.000 toneladas, una mejora interanual del 12% que sin embargo es el tercer volumen acumulado más bajo en 17 años, un 37% menos que las cifras registradas en 2010. Esta caída responde al endurecimiento de barreras comerciales en el exterior. Con los mercados de Estados Unidos y Perú prácticamente cerrados por medidas antidumping y compensatorias, la Unión Europea quedó como el único destino relevante de exportación para el biodiésel argentino.
El 8 de julio de 2026, el pleno del Parlamento Europeo votó en rechazo de la modificación impulsada por la Comisión Europea, que pretendía calificar la soja argentina (base del aceite con el que se produce el biodiésel) como cultivo de alto riesgo. De concretarse la exclusión del biodiésel a base de soja en el mercado comunitario, las plantas argentinas hubieran quedado marginadas del bloque europeo, generando un daño comercial directo estimado en US$ 350 millones anuales y arriesgando el cierre definitivo de la industria orientada al comercio exterior.
Frente a la amenaza europea sobre la cadena de valor de la soja, el gobierno de la provincia de Santa Fe encaró una ofensiva diplomática e institucional. El gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Desarrollo Productivo santafesino, Gustavo Puccini, le entregaron al canciller Pablo Quirno un dossier técnico, científico y económico de sustento. El documento reúne datos específicos que refutan la clasificación de la soja como un insumo de alto riesgo ambiental, demostrando la sustentabilidad del ciclo de vida del biodiésel argentino.
Buscando brindar previsibilidad e impulsar el mercado interno, el Senado de la Nación dio media sanción a un nuevo marco regulatorio para la industria de los biocombustibles (iniciativa informada por la senadora Flavia Royón), el cual sustituye a la Ley 27.640 y establece una vigencia de 15 años. La norma incluye un aumento de cortes obligatorios: en el caso del biodiésel, el piso de mezcla obligatoria en el gasoil se eleva del 7,5% al 10%; para el bioetanol en naftas, la obligación sube del 12% al 15%. Los cortes nacionales funcionan como pisos mínimos; se faculta a las provincias a establecer regímenes locales con porcentajes superiores, promoviendo la instalación de surtidores adicionales y la libre circulación de vehículos con tecnología flex fuel. Se elimina la fijación discrecional de precios estatales para pasar a un mercado electrónico único de subastas y contratos a término libremente negociados entre elaboradores y refinadores, con un precio de referencia basado en paridad de importación. Con la mira puesta en el entramado industrial de Santa Fe, la norma establece un periodo de adaptación hasta el año 2036. Las pymes (empresas no integradas) mantendrán un segmento reservado de mercado interno donde competirán entre sí, mientras que las multinacionales integradas competirán en su propio cupo antes de converger hacia una apertura total. La fracción de biocombustible utilizada en el corte obligatorio queda exenta del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y del Impuesto al Dióxido de Carbono.
La conjunción entre la producción hidrocarburífera de Vaca Muerta, la alta capacidad refinadora local y el impulso del nuevo marco regulatorio para los biocombustibles coloca a la Argentina en una posición estratégica. Sin embargo, para convertir la abundante capacidad ociosa del biodiésel santafesino en divisas y soberanía energética, resultará determinante la firmeza de las gestiones diplomáticas para derribar las barreras paraarancelarias en el exterior.