El Poder Ejecutivo provincial dispuso que todos los agentes de la administración pública realicen una formación de 20 horas distribuidas en cuatro semanas. La acreditación será requisito para promociones y ascensos.
El Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe reglamentó la Ley N° 14.255, que establece la capacitación obligatoria, periódica y permanente sobre la Cuestión Malvinas para todas las personas que se desempeñen en la función pública en el ámbito provincial. La decisión comprende a todos los niveles, jerarquías, cargos o modalidad de contratación.
La reglamentación fue firmada por el gobernador Maximiliano Pullaro y los ministros Fabián Bastía (Gobierno) y Pablo Olivares (Economía). Los ministerios de Gobierno y de Economía coordinarán la tarea educativa.
La capacitación tendrá una carga horaria de 20 horas distribuidas en cuatro semanas, con modalidad virtual, continua, autogestionada y asincrónica en la plataforma oficial de la Provincia. La carga horaria será computada como parte de la jornada laboral y otorgará una certificación oficial individual desde la Secretaría de Recursos Humanos y Función Pública.
El decreto establece que «quedan expresamente comprendidos los agentes de la administración pública central, organismos descentralizados, entes autárquicos, instituciones de la seguridad social, fuerzas de seguridad provinciales, empresas y sociedades del Estado, o sociedades con participación estatal mayoritaria».
La norma provincial adhiere a la Ley Nacional N° 27.671, sancionada en julio de 2022, que dispone la capacitación obligatoria en la «Cuestión de las Islas Malvinas» para todas las personas que se desempeñen en la función pública en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación. La adhesión santafesina se concretó en marzo de 2024 mediante la Ley N° 14.255.
La ley define la Cuestión de las Islas Malvinas como la situación colonial en la que se encuentran las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes, parte integrante del territorio argentino, que desde 1833 son objeto de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido reconocida por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
El decreto dispone que «la capacitación será de carácter obligatoria, continua y su contenido se irá actualizando a los nuevos estándares y principios que rijan en la materia». Asimismo, establece que la acreditación «constituye un requisito vinculante para promociones, ascensos, postulación a concursos de la carrera administrativa, asignación de subrogancias y/o procesos de titularización».
La Secretaría de Relaciones Internacionales del Ministerio de Gobierno es la responsable principal de la implementación de la ley. Deberá elaborar y aprobar los contenidos mínimos obligatorios del programa formativo, que incluirán antecedentes históricos, geográficos y fundamentos jurídicos de los derechos de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes; marcos constitucionales nacional y provincial; resoluciones de la ONU y de otros organismos internacionales; perspectiva geopolítica, estratégica y recursos naturales en el Atlántico Sur; y Memoria, identidad, reconocimiento a los Veteranos y Caídos en la Guerra de Malvinas.
La Secretaría de Políticas Sociales e Integración Social del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano asistirá a las secretarías de Relaciones Internacionales y de Recursos Humanos y Función Pública para adaptar los contenidos y modos de las capacitaciones conforme a los principios de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
El decreto invita a los Poderes Legislativo, Judicial y demás órganos constitucionales, como así también a los gobiernos locales, a adherir a las previsiones dispuestas y coordinar los mecanismos de capacitación con la Secretaría de Relaciones Internacionales. En el ámbito legislativo, las autoridades de las dos cámaras deberán disponer cómo se implementará la capacitación; en el Judicial, la Corte Suprema de Justicia.
La nueva Constitución de Santa Fe, sancionada y jurada en septiembre del año pasado, incluyó en su artículo 4 una cláusula sobre Malvinas, votada por unanimidad. El texto ratifica «de manera irrenunciable la legítima e imprescriptible soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, los espacios marítimos e insulares correspondientes, su proyección antártica y su plataforma continental, por ser parte integrante del territorio nacional». Agrega que «la Provincia promueve e implementa políticas activas para la protección de los veteranos de guerra y políticas educativas para el ejercicio de la memoria activa».