A casi dos años del crimen de Andrés «Pillín» Bracamonte, la Justicia federal reactivó la causa que investiga su red patrimonial. Se realizaron seis allanamientos en Rosario, Granadero Baigorria, Ibarlucea y San Lorenzo, con el secuestro de vehículos, relojes de lujo, dinero en efectivo y documentación contable. La Fiscalía pidió embargos por hasta 600 millones de pesos y el decomiso de bienes a nombre del imputado fallecido.
A casi dos años del crimen de Andrés «Pillín» Bracamonte, ejecutado a balazos junto a Daniel «Rana» Attardo el 9 de noviembre de 2024 a la salida de un partido de Rosario Central, la Justicia federal reactivó la causa que investiga la red patrimonial del exjefe de la barra brava. La hipótesis principal sostiene que la muerte del referente no interrumpió la circulación ni la explotación de los activos que se le atribuían.
Por orden del Juzgado Federal N° 3 de Rosario, a cargo de Carlos Vera Barros, efectivos de Gendarmería Nacional llevaron adelante el pasado 28 de septiembre seis allanamientos simultáneos en Rosario, Granadero Baigorria, Ibarlucea y San Lorenzo. Las medidas fueron impulsadas de manera conjunta por fiscales de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) y la Unidad Fiscal Rosario.
Durante los procedimientos, los agentes secuestraron 11 vehículos de variada gama, una motocicleta de 1.200 cc, ocho relojes de lujo marca Rolex, casi 4,8 millones de pesos en efectivo, una pistola calibre .22 con cargadores y municiones, además de computadoras, teléfonos celulares, soportes digitales y documentación contable considerada clave para la causa.
El capítulo sindical y el cordón industrial
Entre las figuras centrales requeridas por los investigadores reaparece Carlos Vergara, exsecretario general de la seccional San Lorenzo de la Uocra. La vinculación entre el jefe barra y el dirigente gremial tiene un antecedente: en noviembre de 2023, ambos fueron detenidos en el marco de una causa tramitada en el fuero provincial por asociación ilícita y extorsiones sistemáticas a empresas constructoras del cordón industrial.
En aquella acusación se detalló cómo se imponía a las firmas que operaban en la región la contratación obligatoria de servicios de viandas, alquiler de baños químicos y otras exigencias comerciales como condición para no paralizar las obras. Durante aquellos operativos de 2023, la Policía secuestró 39,1 millones de pesos, 18.300 dólares e inhibidores de frecuencia en la casa de Vergara, mientras que en la residencia de Bracamonte se hallaron unos 6 millones de pesos.
La causa federal actual sostiene que esas maniobras no solo constituyeron un delito de extorsión previo, sino que sirvieron como usina para la generación de capitales opacos que luego habrían ingresado al circuito legal mediante sociedades pantalla y adquisición de bienes registrables.
Allanamientos y el rol de las sociedades
Los recientes procedimientos de Gendarmería impactaron en los domicilios vinculados a las personas más cercanas al entorno de Bracamonte. Entre las direcciones allanadas figuran la vivienda de su última pareja en el barrio privado Los Álamos, en Ibarlucea; el inmueble donde residían su exesposa y su hijo en Rosario; propiedades asociadas a Fernando Rigiracciolo y Eduardo Langhi en Granadero Baigorria; un domicilio conectado a Carlos Vergara y la sede central de ATE Servicios Integrales SRL en San Lorenzo.
Esta última empresa resulta crucial en el organigrama bajo sospecha. Anteriormente registrada bajo el nombre de Vanefra, la firma había sido señalada por los fiscales provinciales como la cáscara utilizada para viabilizar las contrataciones forzadas a las constructoras de la región.
Junto a ATE Servicios Integrales SRL, los fiscales siguen la pista de una red societaria integrada por firmas como Ser-Eco SRL, Ruffino SAS, Kabrasi SRL, B+D Logística y Welding & Company. La hipótesis de la acusación es que estas estructuras habrían servido como mecanismos de ingeniería financiera para inyectar divisas ilícitas y otorgarles apariencia de legalidad.
Alta gama y pedido de decomiso sin condena
La reconstrucción patrimonial efectuada por los peritos fiscales expone una marcada desproporción entre los ingresos formalmente declarados por los investigados y su nivel de vida o bienes registrados. Entre los activos bajo la lupa judicial figuran automóviles de alta gama y prestaciones deportivas como un BMW M2, unidades Volkswagen Amarok, un Mini Cooper, una motocicleta Yamaha R1, un Volkswagen Scirocco, departamentos en Rosario, inmuebles residenciales y hasta una moto de agua Sea-Doo.
A diferencia de los procesos de lavado tradicionales que se frenan tras la muerte del principal imputado, los fiscales consideran que la red comercial montada en torno a Bracamonte continuó operando tras su fallecimiento en noviembre de 2024, con allegados y familiares usufructuando, alquilando o transfiriendo títulos y propiedades.
Ante este cuadro, la Fiscalía solicitó embargos preventivos sobre los sospechosos por un monto total de hasta 600 millones de pesos. Asimismo, requirió formalmente el decomiso de los bienes que figuraban formalmente a nombre de «Pillín». Para sortear el obstáculo legal que implica la extinción de la acción penal por la muerte del imputado, los fiscales invocaron la aplicación del artículo 305 del Código Penal, una figura que faculta a los magistrados a decretar el decomiso de bienes derivados de orígenes ilícitos aun en ausencia de una condena firme cuando el acusado ha fallecido.