Organizaciones indígenas y sociales se reunieron en el barrio porteño para manifestar su oposición a la reinstalación oficial de la denominación «Día de la Raza» en el calendario de efemérides patrias. Durante el acto se realizaron ceremonias ancestrales, un mural colectivo y la lectura de un documento conjunto. La protesta se produjo en respaldo al decreto de 2010 que consagró la fecha como «Día del Respeto a la Diversidad Cultural».
Organizaciones de pueblos originarios y agrupaciones sociales se concentraron este sábado frente al departamento de la ex presidenta Cristina Kirchner, en el barrio porteño de Recoleta, para manifestar su rechazo a la decisión del gobierno de Javier Milei de reinstalar oficialmente la denominación «Día de la Raza» en el calendario de efemérides patrias.
La convocatoria tuvo como eje central la oposición a esa medida y funcionó como un acto de respaldo explícito al decreto que, durante la gestión de Cristina Kirchner en 2010, consagró la fecha como «Día del Respeto a la Diversidad Cultural».
Durante el encuentro se desplegaron ceremonias ancestrales, un mural colectivo en vivo, cantos tradicionales y lecturas de documentos en defensa de la plurinacionalidad y los derechos territoriales indígenas.
Portavoces de las organizaciones leyeron una declaración conjunta en la que advirtieron que retrotraer la efeméride al concepto de «raza» implica convalidar una mirada «hispanista y colonizadora» que invisibiliza el despojo histórico de los pueblos preexistentes. En sus intervenciones públicas, los referentes también señalaron el avance de proyectos de extranjerización de tierras bajo la actual política de desregulación económica.
El trasfondo de la protesta se inscribe en la disputa en torno a la denominación de la fecha. Desde la Casa Rosada justificaron la modificación reglamentaria bajo el argumento de celebrar el inicio del intercambio comercial y cultural entre España y América tras la llegada de Cristóbal Colón.
No obstante, juristas y legisladores de la oposición remarcaron que el intento del Ejecutivo por imponer la nomenclatura colonial contradice la Ley Nacional 27.399, norma sancionada por el Congreso en 2017 que ratifica institucionalmente la denominación de Diversidad Cultural. Frente a este contrapunto legal, la decisión gubernamental genera fisuras administrativas en los organismos del Estado.
Desde el entorno de la exjefa de Estado celebraron la movilización popular y destacaron que la elección de su residencia como punto de encuentro ratifica su vigencia como referencia política para los movimientos sociales e indígenas. Dirigentes del Frente Renovador y de bancadas afines acompañaron la jornada cultural y cuestionaron el sesgo «provocador» del oficialismo para desviar la atención de la recesión económica y la pérdida del poder adquisitivo.
Ante el despliegue en las calles, la militancia cristinista volvió a copar las inmediaciones del edificio.
La controversia en torno al 12 de octubre refleja la imposibilidad del arco político para unificar criterios sobre la memoria histórica y la identidad plurinacional de la Argentina. Mientras el Poder Ejecutivo insiste en profundizar sus batallas discursivas contra las agendas de derechos humanos y diversidad, los colectivos territoriales anticipan que coordinarán acciones judiciales para exigir el cumplimiento estricto de la ley marco aprobada por el Parlamento.