El diputado provincial Carlos del Frade dio a conocer su postura contraria al Mensaje del Poder Ejecutivo ingresado el 14 de mayo de 2026 en la Cámara de Diputados de Santa Fe, que propone modificaciones al Código Penal y a la ley orgánica de la Policía, entre otras normas.
El diputado provincial Carlos del Frade (Frente Amplio por la Soberanía) presentó un documento dirigido a la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, presidida por Martín Rosúa, en el que adelanta su voto en contra del Mensaje del Poder Ejecutivo ingresado el 14 de mayo de 2026 bajo el expediente 58.987.
El proyecto propone diez modificaciones al Código Penal (ley 12.734), a la ley 14.243 de pena preventiva de libertad, a la ley 14.246 de inteligencia, cuatro cambios en la ley 13.494 del fondo de recompensas y a la ley 7.395, orgánica de la Policía de la Provincia de Santa Fe de 1975.
Según los fundamentos del mensaje, el objetivo es atacar la “criminalidad compleja, organizada y violenta”. El texto menciona “limitaciones estructurales”, el “derecho a la seguridad” y las “herramientas tecnológicas”. Agrega que “no hay garantía efectiva sin capacidad estatal para hacerla cumplir” y sostiene que el proyecto se ubica en el “equilibrio entre las garantías individuales, la eficacia penal y la protección de la comunidad”.
Del Frade sostuvo que esa definición “manifiesta el objetivo del Ejecutivo de relativizar las garantías individuales en pos de la eficacia penal y la protección de la comunidad”. Asimismo, vinculó estos postulados con la mención del gobernador Maximiliano Pullaro al “estado de excepción” durante su discurso de asunción ante la Asamblea Legislativa.
El diputado afirmó que la reducción de homicidios en los principales departamentos de la provincia “demuestra que se ha logrado la llamada ‘eficacia penal’ y también, en ese sentido, por lo menos un aspecto de la protección de la comunidad”. En consecuencia, consideró “imprescindible explicar para qué buscar reducir garantías individuales cuando la llamada política pública de seguridad está dando buenos resultados”.
Respecto del articulado, Del Frade enumeró sus diferencias:
- Artículo 1: indica que los imputados deberán contar “en lo posible” con la presencia de su defensor. Para el diputado, “esa reducción del derecho a la defensa a mera posibilidad resulta inaceptable para una concepción democrática”.
- Artículo 3: en las exclusiones probatorias aparece la expresión “creyendo de buena fe en la legalidad de su accionar”. Del Frade señala que “un texto legal del tercer milenio que se subordina a una profesión de fe” y lo relaciona con la práctica policial del “tire primero, pregunte después”.
- Artículo 4: propone allanamiento sin autorización judicial, lo que merece “nuestro profundo rechazo”.
- Artículo 6: sobre prisión preventiva, pide “una discusión entre constitucionalistas y penalistas que puedan democratizar conocimientos antes de volver a endurecer los tiempos”.
- Incorporación de tecnologías: sostiene que debe discutirse “en el marco de la concepción de medios y no fines o certezas porque son imágenes captadas por cámaras alimentadas por inteligencia artificial agéntica por encima de las interpretaciones humanas”.
- Fondo de recompensas: considera que “parece ser más una discusión de hacienda que de política pública de seguridad o de derechos y garantías”.
- Artículo 11: al mencionar la pena de aislamiento, incurre en “violación del artículo 18 de la Constitución Nacional”.
- Artículo 17: dispone la posibilidad de reducir todo un barrio o sector de una ciudad como zona de interés policial, lo que “parece ser la resurrección del estado de sitio y resulta inaceptable para nuestro punto de vista”.
Del Frade concluyó que el proyecto es “un retroceso democrático, un nuevo empoderamiento a la Policía de la Provincia de Santa Fe en las calles y una serie de artículos que sobrelegislan sobre una realidad que, por otra parte, tal como lo dice repetidamente el gobierno provincial, le da la razón en la reducción del número de homicidios”.
El diputado formuló dos preguntas: “¿Por qué darle mayor poder a la Policía de la Provincia de Santa Fe?” y “¿No será mejor discutir en profundidad una nueva ley orgánica de la fuerza en lugar de seguir sumando dureza por abajo mientras la circulación de los grandes negocios ilegales está mucho más allá de las poblaciones que llenan las cárceles santafesinas?”.
Por estas razones, adelantó su voto en contra en general y en particular del Mensaje del Poder Ejecutivo desde su tratamiento en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe.