La Cámara de Diputados de la Nación aprobó y giró al Senado el proyecto sobre inviolabilidad de la propiedad privada, que incluye la restitución de la Ley de Tierras Rurales. El capítulo de tierras obtuvo 239 votos a favor, 4 en contra y 6 abstenciones, mientras que la aprobación en general se definió por 124 votos contra 119 y 6 abstenciones.
La Cámara de Diputados de la Nación aprobó este miércoles y giró al Senado el proyecto del Gobierno sobre «Inviolabilidad de la Propiedad Privada», que incluye en su articulado la restitución de la Ley de Tierras Rurales.
El capítulo que establece la derogación del artículo 154 del DNU 70/23 y la aplicación de la Ley de Tierras obtuvo 239 votos a favor, 4 en contra y 6 abstenciones. La restitución fue respaldada por La Libertad Avanza, Unión por la Patria, la UCR, Argentina Federal, Provincias Unidas y bloques provinciales.
Votaron en contra los diputados Gladys Mendoza y Marina Elia Fernández (Tucumán), Karina Maureira (Neuquén) y Pablo Outes (Salta). Se abstuvieron Nicolás del Caño, Myriam Bregman, Juan Carlos Giordano y Romina Del Pla (izquierda), Mónica Frade (Coalición Cívica) y Marcela Pagano (Coherencia).
La aprobación del proyecto en general se definió por 124 votos contra 119 y 6 abstenciones: cinco cordobeses y Álvaro González (PRO). Si esas abstenciones se hubieran sumado a los votos negativos, la iniciativa se habría rechazado.
El proyecto será girado al Senado, que podrá insistir con los dos tercios con su proyecto original o aceptar los cambios introducidos por Diputados. La iniciativa llegó con media sanción después de que el Senado eliminara el capítulo vinculado a la Ley de Manejo del Fuego y el que buscaba derogar la Ley de Tierras Rurales.
Con la restitución, se reafirman los límites del 30% de extranjerización a nivel nacional, provincial y departamental, además del tope de 1.000 hectáreas en zonas núcleo del país, espejos de agua y zonas de frontera.
La versión aprobada también incluye capítulos que modifican la Ley de Expropiaciones, restringiendo las capacidades del Estado para declarar la utilidad pública de bienes inmuebles, y una reforma de la ley de Desalojo para acortar los tiempos judiciales para la restitución de propiedades usurpadas o con tenencias irregulares.