El diputado nacional por Santa Fe y presidente de la comisión de Pequeñas y Medianas Empresas de la Cámara de Diputados, Pablo Farías, se refirió a la situación del sector y a las iniciativas legislativas en curso. La comisión prevé emitir dictamen el 17 de noviembre.
Pablo Farías fue electo diputado nacional en las elecciones legislativas de 2025 y desde marzo preside la comisión de Pequeñas y Medianas Empresas de la Cámara de Diputados. En diálogo con El Litoral, el legislador santafesino describió el trabajo de la comisión y los proyectos en análisis.
Según indicó, por la comisión y por la de Comercio, que preside el diputado cordobés Juan Brügge y que en ocasiones sesionó en forma conjunta, pasaron referentes de cámaras nacionales y federaciones provinciales, de los sectores textil, autopartista, energía, producción láctea, remises y comercio exterior, entre otros.
Farías señaló que para mediados de este mes está previsto presentar un monitor pyme y que el 17 de noviembre se buscará avanzar en un dictamen que luego sea tratado en el recinto. El período ordinario de sesiones finaliza el 30 de noviembre.
El diputado resumió en cinco puntos las propuestas del socialista para el sector: un año sin embargos ni juicios de ARCA para las pymes que mantengan al menos el 90 % de su planta de personal; planes de pago accesibles; estabilidad fiscal por 24 meses sin nuevos impuestos nacionales ni aumentos de alícuotas; menos anticipos de Ganancias, y pago en término por parte del Estado nacional a pymes proveedoras.
Consultado sobre el panorama del sector, Farías afirmó: «Estamos en una suerte de callejón sin salida para la mayoría de los planteos, particularmente de las pymes y de las microempresas». Y agregó: «En el proceso que se está dando en las políticas del gobierno no se las tiene en cuenta y eso se nota».
Respecto de los datos económicos, sostuvo que «tenemos una caída de la actividad económica ya por un segundo trimestre que, para la mayoría de los economistas, demuestra que técnicamente estamos entrando en recesión». Además, mencionó que «la caída del consumo es muy pronunciada» y que la gente destina gran parte de sus ingresos a gastos fijos, que aumentaron por sobre la inflación, y al endeudamiento.
Sobre las iniciativas legislativas, indicó que no hubo posibilidad de avanzar con representantes del gobierno y que se pusieron como fecha límite el 17 de noviembre para llamar a dictaminar sobre los proyectos. «Básicamente, tienen que atender a la situación coyuntural más compleja de las pymes», explicó, y mencionó el alivio fiscal y la actuación de ARCA: «el promedio de inicio de acciones judiciales no supera los 30 días desde los vencimientos impositivos hasta el inicio de las acciones y esto, para el sector pyme, es tremendo».
Farías también se refirió al contrabando como un tema recurrente en las reuniones: «Todos los sectores aseguran que ingresa una enorme variedad de productos con mucha facilidad».
En cuanto a la posibilidad de declarar una emergencia para el sector, señaló: «El de la emergencia es un problema político; el gobierno no quiere una emergencia por ley. Pero declarándola o no, hay normas que son imprescindibles para detener los embargos y las inhibiciones, extender el plazo exiguo que hoy otorga ARCA para los pagos y regular las tasas». Y agregó que las empresas acceden a planes de pago a 12 meses con tasas del 37 o 38 %, por encima de la inflación.
Respecto de la articulación con el Senado, manifestó: «El Senado está trabajando en proyectos con los cuales abrigamos una leve expectativa de que venga una media sanción que podamos compatibilizar con lo que estamos reclamando desde la comisión Pyme». Y advirtió sobre los tiempos legislativos: «si esto llega sobre el límite de las ordinarias y producimos una modificación que requiere una devolución al Senado y el tema no lo incluye el Ejecutivo en extraordinarias, vamos a pasar a marzo».
Sobre el cierre de empresas, Farías afirmó: «Las cifras con las que contamos demuestran que cada 24 horas, 30 empresas cierran en la Argentina y desde fines de 2023, 98 de cada 100 empresas que dejaron de tener empleados, eran pymes». En Santa Fe, dijo, «hay 15.930 empleos menos y el 89 % de los puestos perdidos eran de pymes».
Finalmente, se refirió a la ronda de negocios organizada por la provincia junto al gobierno nacional: «Lo sintomático es que a esta actividad la organizó el Estado, con lo cual es indudable que su papel es fundamental para generar estos vínculos; no suceden naturalmente». Y concluyó: «Más allá del fundamentalismo que en estas cosas tiene el gobierno nacional de no querer moverse de su discurso, la realidad indica que el Estado va a tener que hacer algo, porque las inversiones no derraman por sí solas».