La Policía de Investigaciones secuestró el dispositivo, tarjetas de memoria y el teléfono del imputado, un comerciante de 52 años. Las denunciantes solicitaron que se periten los equipos para determinar el alcance de las grabaciones.
Tres empleadas de un local de comida rápida de Rafaela denunciaron penalmente a su empleador por la instalación de una cámara oculta en el baño del personal. El acusado, un comerciante de 52 años, fue imputado en la causa.
Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) realizó allanamientos en los que secuestró el dispositivo de grabación, tarjetas de memoria, equipos informáticos y el teléfono celular del sospechoso, que serán sometidos a peritajes técnicos.
Según la denuncia, una de las trabajadoras advirtió imágenes de una mujer en el interior del sanitario en el teléfono del comerciante. Luego apagó las luces del baño y con el flash de su propio celular detectó un dispositivo de grabación entre las lámparas de iluminación. La empleada alertó a sus compañeras y dieron aviso a las fuerzas de seguridad, lo que activó la intervención del Ministerio Público de la Acusación.
Las denunciantes manifestaron consternación por el atentado contra su privacidad y porque el sanitario también era utilizado por sus hijas menores de edad.
De acuerdo con el testimonio de una de las trabajadoras, tras ser descubierto, el comerciante les pidió perdón y les habría ofrecido dinero para contener la situación. Según el relato, el acusado argumentó que en los registros fílmicos solo se las veía de la cintura para abajo.
Las tres mujeres solicitaron que la Justicia actúe con todo el rigor de la ley y que los peritajes informáticos determinen la magnitud del caso. “Queremos saber realmente qué es lo que contiene ese teléfono, qué es lo que él hacía con esas imágenes”, expresaron, y pidieron que se establezca el alcance de las grabaciones y si el material era difundido o comercializado.