La Asamblea Ni Una Menos de Santa Fe convoca a una movilización este jueves 5 de noviembre a las 11 horas frente a la Legislatura provincial para exigir la declaración de emergencia en violencia de género. Según el relevamiento de MuMaLá, en lo que va del año 46 mujeres y travestis fueron asesinadas por motivos de género en el país.
La Asamblea Ni Una Menos de Santa Fe (Anum) convocó a una movilización para este jueves 5 de noviembre a las 11 horas frente a la explanada de la Legislatura provincial, en la ciudad de Santa Fe, para solicitar la declaración de emergencia en violencia de género.
De acuerdo con el relevamiento de la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá), en lo que va del año 46 mujeres y travestis fueron asesinadas por motivos de género en Argentina. La convocatoria se realiza en ese marco.
Natalia Peña, integrante de Anum y del Movimiento Evita, declaró: “Es urgente la declaración de la emergencia. Si continuamos con este ritmo de femicidios, es posible que dupliquemos la cantidad de femicidios respecto del año pasado (en el que hubo 30)”. Asimismo, señaló que Santa Fe tiene una de las tasas más altas de femicidio por habitantes en Argentina: 2,1 por 100.000 habitantes, lo que supera el doble del promedio nacional.
Este miércoles se reunió la Comisión de Géneros, Mujeres y Diversidades de la Cámara de Diputados, donde se elaboró un dictamen de minoría que unifica los proyectos 59768, de Claudia Balagué (Frente Amplio por la Soberanía), y 60201 DB, de las legisladoras Lucila De Ponti, Sonia Martorano, Celia Arena y Alejandra Rodenas, del interbloque peronista. Dicho dictamen establece la emergencia en violencia de género por dos años y se busca que sea tratado en la sesión de este jueves.
Otro proyecto fue ingresado por el Ejecutivo provincial vía el Senado y ya tiene media sanción de la Cámara Alta. Al respecto, Peña sostuvo que “tiene una mirada más punitivista y ligada a la violencia familiar y no de género”.
“La cantidad de femicidios ya es fundamento suficiente de la gravedad de la situación y denota la necesidad de la declaración de la emergencia”, subrayó Peña, quien indicó que la declaración se exige desde la Asamblea y en conjunto con otras organizaciones de la provincia, de ciudades como Rosario, Esperanza y Coronda.
Para Peña, la declaración de emergencia en violencia de género tiene dos pilares fundamentales. Uno es el económico, porque agilizaría las partidas presupuestarias y permitiría que haya más recursos disponibles tanto para las organizaciones como para las entidades locales o gubernamentales que abordan las situaciones de violencia de género. “Eso es clave porque sin recursos, tanto económicos como humanos y materiales, es imposible llevar a cabo prácticas de prevención de la violencia de género y mucho menos de acompañamiento”, advirtió.
El otro pilar es el político. “Es muy necesario que desde el gobierno se dé un mensaje claro y fuerte de que la vida de las mujeres y las diversidades importan. El gobierno nacional emite mensajes misóginos, homofóbicos y transodiantes y el resultado es una sociedad misógina, homofóbica y transodiante”, sostuvo. Y añadió: “No podemos naturalizar vivir de esta manera y por eso consideramos que es fundamental que el gobierno provincial se proclame también”.
Según la nota, el gobierno nacional cerró el INADI y eliminó políticas relativas a la prevención y erradicación de la violencia de género. Desde 1987, Argentina no cuenta con un organismo específico para abordar la problemática, según se consigna. A eso se suma, de acuerdo con la información, la falta de salarios dignos, de medicamentos para adultos mayores y de trabajo, mientras las mujeres y disidencias sexuales sostienen ollas comunitarias para paliar el hambre.
“En situaciones tan críticas como las que nos encontramos en estos momentos, somos las primeras golpeadas”, sostuvo Peña. “Los comedores tienen también una función también de contención. Llegan muchos casos de violencia de género, de mujeres que buscan información o algún apoyo o acompañamiento”, agregó. Dispositivos como los centros de día, que acompañan cotidianamente estas situaciones y se sostienen por organizaciones sociales, actualmente no cuentan con ningún recurso. “Los programas que existen tardan un montón en efectivizarse, no se baja concretamente el dinero y es muy difícil”, cuestionó.
En la previa a la movilización, Peña expresó: “Les diría a los legisladores que cumplan con su labor y que representen los intereses de la ciudadanía, que escuchen a las organizaciones sociales que somos las que estamos en los territorios resistiendo la crisis, que es tanto social como económica”.
La movilización se realiza en noviembre, mes en el que se conmemora el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, el 25 de noviembre.