La Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó un paquete de medidas impulsado por el gobierno provincial para fortalecer las herramientas del Estado frente al delito y las organizaciones criminales. El diputado Martín Rosúa (UCR-Unidos) destacó la importancia de actualizar la legislación frente a las nuevas modalidades delictivas.
La Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó un paquete de medidas impulsado por el gobierno provincial para fortalecer las herramientas del Estado frente al delito y las organizaciones criminales.
El diputado Martín Rosúa (UCR-Unidos) destacó la importancia de actualizar la legislación frente a las nuevas modalidades delictivas y sostuvo que el objetivo es darle al Estado capacidad de reacción, investigación y prevención.
“Tenemos una realidad delictiva que cambió y necesitamos leyes que estén a la altura. El delito muta permanentemente y el Estado tiene que tener capacidad real de reacción para anticiparse y actuar a tiempo”, señaló Rosúa.
Entre las principales iniciativas se encuentra la incorporación del juicio por rebeldía, que permitirá continuar los procesos judiciales cuando un acusado se encuentre prófugo o no se presente ante la Justicia, garantizando su derecho de defensa.
También se propone ampliar las posibilidades de intervención policial urgente frente a la presencia de armas, municiones y explosivos, con mecanismos de control judicial posterior.
Otro de los puntos centrales apunta a evitar que las cárceles continúen funcionando como espacios desde donde se ordenan y coordinan delitos. Para ello, se plantea un régimen más estricto para internos de alto perfil sospechados de dirigir organizaciones criminales desde prisión, con restricciones sobre visitas y comunicaciones.
“Podemos dar todas las discusiones que sean necesarias, pero nunca podemos resignarnos a que el delito se maneje desde la cárcel. No podemos permitir que las organizaciones criminales recuperen el poder que tanto esfuerzo le costó al Estado hacerles perder”, enfatizó el diputado.
El paquete legislativo contempla además nuevas herramientas de inteligencia criminal para investigar delitos que se organizan a través de dispositivos electrónicos, mensajería y redes sociales.
En ese sentido, Rosúa remarcó que la iniciativa busca mejorar la capacidad de anticipación del Estado sin afectar las garantías constitucionales. “No estamos hablando de espiar sin control. Estamos hablando de detectar una amenaza antes de que se produzca un hecho violento. Necesitamos herramientas modernas, con autorización judicial cuando corresponda y controles efectivos”, explicó.
Asimismo, se prevé ampliar el sistema de recompensas para obtener información que permita esclarecer delitos, anticipar amenazas a la seguridad y promover programas de reporte o entrega de armas.
“Le estamos dando al Estado herramientas claras y necesarias para enfrentar el delito. Pero fortalecer la capacidad de actuación no significa resignar derechos y garantías. Queremos un Estado que pueda actuar con rapidez, investigar mejor y prevenir, siempre dentro de la ley”, sostuvo Rosúa.
Finalmente, el presidente de la Comisión de Seguridad planteó la necesidad de sostener y profundizar el proceso de transformación de las políticas de seguridad en Santa Fe.
“Santa Fe avanzó mucho recuperando el control de las calles y de las cárceles. Ahora tenemos que consolidar ese camino y seguir actualizando nuestras leyes. Frente a un delito que cambia permanentemente, el Estado no puede quedarse con herramientas del pasado”, concluyó.