El Ministerio Público de Paraguay imputó al expresidente Santiago Peña por los presuntos delitos de lesión de confianza y administración en provecho propio en la investigación por el cierre del Ueno Bank. También solicitó prisión preventiva e inhibición de bienes. La misma figura alcanzó al ex presidente del Banco Central, Carlos Carvallo.
El Ministerio Público de Paraguay imputó este sábado al expresidente Santiago Peña en el marco de la investigación por el cierre del Ueno Bank, entidad de la que había sido accionista, por los presuntos delitos de «lesión de confianza y administración en provecho propio». Además, solicitó la prisión preventiva y la inhibición de sus bienes.
La misma figura alcanzó al expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo. Ambos se abstuvieron de declarar.
De acuerdo con la presentación de la fiscalía, Peña fue imputado por «lesión de confianza y administración en provecho propio», mientras que en el caso de Carvallo la acusación es más amplia: le atribuyeron los presuntos delitos de «lesión de confianza, administración en provecho propio y producción de documentos públicos de contenido falso».
Primera declaración de Santiago Peña
El expresidente de Paraguay llegó a la sede de la Fiscalía General del Estado, en Asunción, horas después de que se ejecutara una orden de detención en su contra. Se dirigió a las oficinas judiciales para brindar su primera declaración indagatoria asistido por su abogado defensor, Ricardo Preda, quien adelantó públicamente que su cliente no es responsable directo de las colocaciones financieras.
En los alrededores del edificio fiscal se había congregado un pequeño grupo de ciudadanos que aguardaba el arribo del ex jefe de Estado. Por razones de seguridad, las autoridades modificaron a último momento el lugar de la comparecencia, por lo que la declaración, que inicialmente iba a realizarse en la sede ordinaria de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (Udea), fue trasladada al edificio principal de la Fiscalía General del Estado.
Destitución de Peña
El Congreso de Paraguay destituyó al presidente Santiago Peña este viernes en el marco del escándalo financiero del Ueno Bank. Horas después de la resolución tomada por la Legislatura, la Fiscalía General del país ordenó la detención del ahora exmandatario.
La destitución de Peña contó con la aprobación unánime del Congreso, donde todos los legisladores coincidieron en remover del cargo al ahora expresidente, quien había asumido en 2023.
El jueves, Peña presentó su renuncia a la Presidencia pero el Congreso no se la aceptó. Un día después, de forma unánime, la Legislatura aprobó su destitución.
La crisis que sacude al país y que provocó una situación de restricción financiera a partir de la caída del Ueno Bank tiene distintos orígenes. La mayoría de ellos provienen de una serie de decisiones que tomó Peña y que posibilitaron un rápido ascenso de la entidad a partir del manejo de dinero público que va desde jubilaciones hasta ganancias de las represas hidroeléctricas Yaciretá e Itaipú.
Qué pasó con el Ueno Bank
La crisis financiera que sacude a Paraguay mantiene a casi tres millones de clientes de Ueno Bank sin acceso a sus cuentas bancarias y desató una ola de protestas que este jueves terminó por precipitar la renuncia del presidente Santiago Peña. La intervención de una de las entidades digitales más importantes de ese país provocó una virtual restricción, mientras miles de ahorristas reclaman la devolución de su dinero y las autoridades intentan evitar que la desconfianza se extienda al resto del sistema financiero.
La situación se desencadenó a comienzos de esta semana, cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso la intervención de Ueno Bank después de detectar graves problemas de solvencia. La decisión implicó la suspensión de las operaciones de la entidad y dejó a sus clientes sin la posibilidad de retirar fondos, realizar transferencias o utilizar normalmente sus tarjetas.
El conflicto adquirió dimensiones políticas por los vínculos comerciales que Peña había mantenido con el grupo propietario del banco. La investigación judicial, que ya derivó en la detención de ocho directivos, también puso bajo sospecha el manejo de depósitos públicos y fondos destinados a jubilaciones.