Un reciente fallo de la Corte Constitucional de Italia encendió una luz de esperanza para los argentinos descendientes de italianos que desean obtener la ciudadanía del país europeo. La sentencia, firmada por el máximo tribunal constitucional italiano bajo el número 142, reafirmó la validez del principio del ius sanguinis (derecho a la ciudadanía por sangre) sin necesidad de establecer vínculos efectivos con la nación mediterránea.
La decisión judicial desestimó los planteos de inconstitucionalidad elevados por diversos tribunales de Italia en relación con el artículo 1° de la Ley 91 de 1992, que consagra el derecho automático a la ciudadanía italiana por
línea sanguínea sin límite generacional y sin requerir residencia, conocimiento del idioma o conexión cultural con Italia.
El tribunal consideró que cualquier modificación sustancial a ese régimen excede las atribuciones de la Corte y corresponde exclusivamente al legislador. Con ese argumento, rechazó intervenir de forma “manipulativa” sobre una norma que, a su juicio, implica un margen de discrecionalidad legislativa incompatible con la función constitucional del órgano.
Qué implica el fallo de la Corte italiana
Aunque el fallo no modifica el reciente decreto-ley 36, luego convertido en la Ley 74 de este año que impulsó el
gobierno de Georgia Meloni para restringir el acceso a la ciudadanía italiana, fortalece indirectamente los argumentos jurídicos de quienes buscan impugnar esa normativa.
La abogada María Celeste Ramírez, especialista en extranjería y procesos de ciudadanía con base en la región de Toscana, interpretó ante la consulta del diario Clarín que la sentencia consolida el valor constitucional de la ley anterior (91/1992). En esa norma, precisamente, se amparan los reclamos presentados por descendientes que actualmente ven restringidos sus pedidos de ciudadanía italiana.
La especialista explicó que si la Corte hubiera declarado inconstitucional la ley anterior habría debilitado las acciones judiciales en curso contra la nueva legislación de Meloni. En particular, las basadas en derechos adquiridos y en la protección de la transmisión generacional de la ciudadanía desde el nacimiento.