Tras el escándalo del documental Justicia Divina, en el cual participó la jueza Julieta Makintach y que causó la nulidad del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, tuvo lugar una audiencia importante en la que el tribunal que estará a cargo del nuevo debate resolvió las recusaciones que había hecho contra dos de sus jueces la defensa del neurocirujano Leopoldo Luque, uno de los siete imputados en la causa.
«Nos infunde un temor certero de que no serán imparciales», decía el documento que llevaba la firma de los abogados Julio Rivas y Francisco Oneto, que representan a quien es señalado como médico de cabecera del futbolista fallecido el 25 de noviembre de 2020. Según expresaron, sus sospechas se sustentaban en que el presidente del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°7 de San Isidro, Alberto Gaig, y el juez Pablo Rolón (que completó el lugar vacante en el mismo) habían asistido al sorteo de los magistrados para la reanudación del juicio.
Caso Maradona: entre gritos y con otro escándalo, se suspendió la primera audiencia con los nuevos jueces
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Asimismo, remarcaron que el Dr. Gaig había dicho que «su objetivo en el proceso es que la ciudadanía vuelva a confiar en la Justicia«, una afirmación que, según los defensores del médico, «no debe ser anunciada» porque consideraron que «la imparcialidad se da por sentada».
A su vez, Rivas y Oneto señalaron que la presencia de los magistrados en la audiencia realizada en la Cámara de Apelaciones y Garantías del departamento ubicado en la jurisdicción de la zona norte bonaerense resultó «llamativa porque son actos administrativos». Por este motivo, dijeron que la situación «no puede considerarse una coincidencia inocua» y que habría «un interés anticipado» de estar en este debate.
Este martes, los jueces optaron por rechazar las solicitudes formuladas por los abogados de Luque, según confirmó a la agencia NA Félix Linfante, asesor jurídico de Jana Maradona, una de las hijas del también ex director técnico de Gimnasia de La Plata.
Los magistrados ya habían sido muy críticos con la estrategia judicial de los representantes del neurocirujano, a quienes acusaron de querer entorpecer y dilatar el comienzo del nuevo debate oral y público. “La recusación no puede ser usada como herramienta de presión o desgaste procesal para condicionar jueces ni para frenar juicios”, respondieron en el fallo que realizaron el pasado 5 de agosto.
Tanto Gaig como Rolón alegaron que las presentaciones «carecen de fundamentos» y que los planteos de recusación “se construyen sobre un relato subjetivo, basado en distorsiones de los hechos, afirmaciones insostenibles”.
En este contexto, este lunes también fueron designados mediante otro sorteo los jueces Gonzalo Aquino y Marcela López Ramos, jueza subrogante del TOC N°4 y miembro del TOC N°5, quienes deberán expedirse sobre los apartamientos de los magistrados mencionados junto a Alberto Ortolani (titular del TOC N°7). Aunque en el caso, tienen la opción de excusarse a la hora de tomar la decisión.
Las partes esperan a que se haga otra audiencia amparada en el artículo 338 del Código Penal para comenzar a tratar los acuerdos probatorios y los testigos que declararían en el proceso, en el caso de que se apruebe su reanudación. Cabe indicar que tras el «escándalo del documental», el tribunal que realizaba el primer juicio por la muerte de Maradona (el TOC 3) resolvió que se declararan «nulos» todos los procedimientos -como testimonios y evidencia- que se habían llevado adelante en ese debate.
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La suspensión del primer proceso impidió avanzar sobre cuestiones claves que debían definirse. Entre ellas, la situación de Dahiana Madrid, la enfermera que podría enfrentar un juicio por jurados, a diferencia del resto de los imputados, que serían juzgados en un debate técnico. También quedó sin resolver el pedido de Luque para ser juzgado por un jurado popular.
La causa está caratulada como «Homicidio simple con dolo eventual» contra el fallecido deportista, que al momento de su muerte tenía 60 años. La Justicia busca determinar si los profesionales que tuvieron su salud a su cuidado cometieron o no algún tipo de negligencia y, además de Luque, también están imputados la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna, el enfermero Ricardo Almirón, su jefe, Mariano Perroni, y Nancy Edith Forlini, quien dirigía la internación domiciliaria de Maradona en una casa de un barrio privado en el partido bonaerense de Tigre.
Además de la incertidumbre sobre este proceso, hay un jury de enjuicimiento que avanza en contra de Julieta Makintach, titular del TOC Nº2 de San Isidro, que actuaba como vocal subrogante en el TOC Nº3. Tras conocerse que participó de un documental vinculado al juicio por la muerte del exjugador de Argentinos Juniors, Boca, Nápoli y la Selección Argentina, se decidió su recusación y más tarde fue suspendida.
Aunque la magistrada presentó su renuncia voluntaria, esta aún no fue evaluada por el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, ni por la Corte bonaerense, y mientras esto no ocurra seguirá adelante el juicio político que evalúa su rol como jueza y podría terminar en su posible destitución. Por otro lado, Makintach también tiene una denuncia penal abierta que investiga la Fiscalía Nº1 de San Isidro.
FP / EM