María Cecilia Vranicich, encabezó la presentación. Tendrá incumbencia en todo el ámbito provincial. Estuco presente el gobernador, Maximiliano Pullaro.
Este viernes quedó formalmente inaugurada la sede de la Unidad Fiscal Especial de Microtráfico en Rosario. La apertura de este espacio del Ministerio Público de la Acusación, que depende de la Fiscalía General (y no de la regional Rosario), coincide con el segundo aniversario de la sanción de la ley que desfederalizó el narcomenudeo en Santa Fe.
En rueda de prensa, la jefa de los fiscales, Cecilia Vranicich, y el jefe de Microtráfico, Carbone, aportaron los números de este nuevo abordaje penal en materia de drogas, con intervención del fuero provincial.
Respecto de las demoliciones de búnkeres o aguantaderos, en Santa Fe, a la fecha, se tiraron abajo o se inactivaron 99 puntos de venta. Estas medidas se denominan formalmente “cese de estado antijurídico” y son solicitadas a los jueces penales, quienes otorgan la autorización para llevarlas adelante.
Por otro lado, 350 personas fueron condenadas en Santa Fe desde diciembre de 2023 por el llamado delito de microtráfico, de jurisdicción provincial. A la fecha, se registraron 2.500 imputaciones, con un 80 por ciento de varones y un 20 por ciento de mujeres. Además, nada menos que 12 mil personas fueron denunciadas como presuntas vendedoras de sustancias prohibidas.
En tanto, cuando se producen detenciones de personas que luego se determina que son consumidores y no están ligadas a la venta, existe “una guía de actuación interna” en el MPA por la que no se les abre un legajo penal. En ese sentido, Carbone consideró importante transmitir esta guía en toda la provincia para unificar lineamientos, de ahí que la unidad de Microtráfico funcione a nivel provincial y no regional.
Vranicich remarcó: “Lo importante es unificar criterios, uniformarlos en toda la provincia. Nosotros trabajamos con objetivos priorizados y los casos de microtráfico tienen relación directa con violencias altamente lesivas”. Además, defendió los promocionados derribos de búnkeres o inactivaciones de inmuebles, ya que “siempre son lugares estratégicamente definidos porque allí se cometieron delitos violentos, ya sea homicidios, extorsiones, heridos de armas de fuego, etcétera”.