Las personas condenadas por estas violencias ascienden a 174, de un universo total de 1.231 condenados/as desde que se reiniciaron los procesos por las violaciones a los derechos humanos cometidos por el régimen genocida iniciado con el golpe de Estado de 1976
El reconocimiento de delitos de violencia sexual como parte del plan criminal implementado por la última dictadura quedó plasmado en 61 de las 361 sentencias que se dictaron desde 2006 en todo el país, de acuerdo al relevamiento realizado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad en el marco del Día Internacional de las Mujeres.
Las personas condenadas por estas violencias ascienden a 174, de un universo total de 1.231 condenados/as desde que se reiniciaron los procesos por violaciones a los derechos humanos durante la época del terrorismo de Estado.
De acuerdo con las sentencias, el fenómeno criminal, que incluye la amplitud de conductas tipificadas que tienen como objeto la agresión sexual, tuvo como víctimas a 230 mujeres y a 40 varones.
La Procuraduría también informó que 45 personas que fueron acusadas por este tipo de delitos resultaron absueltas al cabo de los juicios.
Política criminal
Si bien las primeras sentencias por crímenes de lesa humanidad fueron dictadas en 2006, el primer pronunciamiento en estos juicios que incluyó delitos sexuales fue la condena a prisión perpetua del suboficial de la Armada Rafael Molina, dictada en 2011 por el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata.
Desde entonces, salvo en 2011, todos los años hubo sentencias que visibilizaron estos delitos en el contexto del terrorismo de Estado.
Entre los años que registran más sentencias en ese sentido resaltan 2013, 2017, 2018 y 2022, con 5 cada uno, y 2023, cuando se registró el pico anual de 6. El año pasado hubo 2, igual que en 2012.
Ese año, a través de la Resolución PGN 557/2012, el Ministerio Público Fiscal incorporó la persecución penal de los crímenes de violencia sexual cometidos durante el terrorismo de Estado. En aquella resolución se instruyó a las/os fiscales a adoptar las acciones necesarias para requerir su investigación y sanción de forma autónoma, sin subsumirlos en otras figuras delictivas, como por ejemplo la de aplicación de tormentos.